El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha intensificado su confrontación con el Gobierno municipal de Vigo al acusar al alcalde, Abel Caballero, de impedir su comparecencia en el pleno extraordinario, solicitado por la oposición, para dar explicaciones sobre el accidente del “Saltamontes”, ocurrido en agosto de 2024 y que terminó con la muerte de Iván Castaño, de 36 años, vecino de la ciudad.
Xabier P. Igrexas, portavoz municipal del Bloque, ha denunciado que desde el siniestro su formación ha exigido de manera reiterada explicaciones al gobierno local para aclarar por qué una atracción que, según sostienen, no contaba con autorización municipal seguía en funcionamiento, así como la falta de intervención para su inmovilización.
Intentos del Gobierno municipal de desviar su responsabilidad a la comisión de fiestas y a la Policía
Igrexas ha criticado el “silencio do goberno municipal” durante los últimos meses, un silencio que, según afirma, solo se ha visto interrumpido por intentos de derivar responsabilidades hacia la comisión de fiestas y posteriormente hacia la Policía Local.
El conflicto se ha agravado tras la imputación de la concejala de Seguridad, María Rodríguez Calviño, por un presunto delito de homicidio imprudente, en un procedimiento judicial que, según el BNG, recoge indicios de una posible gestión negligente.
Petición de pleno extraordinario
Ante esta situación, la oposición solicitó la convocatoria de un pleno extraordinario en el que se incluía como punto principal la comparecencia del alcalde para explicar la gestión municipal del caso. El orden del día también contemplaba tres propuestas:
- el cese inmediato de la concejala imputada
- la creación de una comisión especial de investigación
- la emisión de un pésame institucional a la familia de Iván
Sin embargo, según denuncia el BNG, el decreto de convocatoria firmado por el alcalde habría eliminado su propia comparecencia del orden del día, una decisión que la formación nacionalista considera “sen xustificación legal”.
“Un claro abuso de poder e unha fraude de lei”
Igrexas ha calificado esta decisión como “un claro abuso de poder e unha fraude de lei”, al entender que vulnera el reglamento del pleno y los derechos de los grupos de la oposición.
El portavoz nacionalista sostiene que la exclusión del punto no está motivada conforme a lo establecido en el reglamento municipal, que solo permite dicha exclusión cuando el asunto carece de competencia plenaria, algo que el BNG rechaza en este caso.
Asimismo, advierte de que impedir la comparecencia del alcalde supone, a su juicio, una vulneración de derechos fundamentales de los concejales de la oposición recogidos en el artículo 23 de la Constitución, y recuerda que existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en defensa de los derechos de las minorías en el ejercicio de control político.
El BNG considera, además, que la vía utilizada por el gobierno local pretende sustituir el control directo del pleno por mecanismos ordinarios dependientes de la mayoría absoluta, lo que, según Igrexas, desvirtúa el funcionamiento democrático.
Acusaciones políticas
En su valoración política, el portavoz del BNG ha elevado el tono contra el gobierno municipal, «o PSOE de Vigo pasa de exercer o absolutismo a avanzar nunha dirección autoritaria; Caballero pasa de alcalde a coroarse emperador«, ha afirmado Igrexas, subrayando lo que considera un bloqueo sistemático a la fiscalización de la gestión municipal.
El BNG sostiene que la negativa a la comparecencia responde a una voluntad de evitar el debate público sobre la gestión del accidente y sobre la actuación de la concejala investigada.
Vía legal y próximos pasos
Ante esta situación, el grupo municipal nacionalista, en coordinación con el Partido Popular, prepara la presentación de un recurso de reposición contra el decreto de convocatoria del pleno, con el objetivo de exigir la inclusión de la comparecencia del alcalde en el orden del día.
Según el BNG, sus servicios jurídicos ya trabajan en el escrito y no descartan emprender nuevas acciones legales si no se corrige la situación, incluida la exigencia de responsabilidades por posibles decisiones arbitrarias.
La formación insiste en que la convocatoria del pleno extraordinario es un instrumento de control democrático que no puede quedar supeditado a la voluntad del gobierno municipal, ya que fue solicitado por una cuarta parte de la corporación.
Cierre político
Igrexas concluye cuestionando la actitud del alcalde: “Que ten que ocultar Abel Caballero que o fai non estar disposto a enfrontarse á sesión plenaria, que é o máximo órgano de representación democrática da cidade?«, ha planteado.
El BNG afirma que no permitirá, en sus palabras, que el gobierno local «atrincheirarse na impunidade» y advierte de que seguirá utilizando todos los mecanismos institucionales y legales a su alcance para exigir explicaciones y responsabilidades.
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