La Fiscalía belga ha pedido al Tribunal de primera instancia de Bruselas que ejecute la orden europea de detención y entrega (OEDE) de Carles Puigdemont y los cuatro consellers que le acompañan en la capital belga por todos los delitos que les imputa la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -incluyendo los de rebelión y sedición- salvo el de prevaricación.
El fiscal cree que los delitos por los que se reclama a Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín encajan en el ordenamiento jurídico belga en las descripciones penales de «coalición de funcionarios» y «malversación por parte de funcionarios».
El juez ha dado de plazo hasta el 4 de diciembre para que las partes «intercambien documentos y argumentos por escrito» antes de escuchar los argumentos del fiscal y de los abogados defensores a la Fiscalía y a la defensa, pero no necesariamente tomará una decisión sobre el caso.
Una vez que el juez decida sobre la entrega o no de los acusados a las autoridades españolas, Fiscalía y defensa dispondrán después de 24 horas para presentar un recurso y el caso pasaría a la Corte de Apelación.
