No van contra el Gobierno de Santiago Piñera que movió cielo y tierra para sacarlos de allí abajo, van contra el Estado, en concreto, contra el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile por no haber fiscalizado de una manera correcta la mina San José y por la ausencia de inspecciones.
La demanda asciende a más de 11 millones de euros y está basada en una presunta negliencia por parte del Estado al haber permitido el funcionamiento de esta mina que el pasado mes de agosto se derrumbó dejando atrapados durante más de dos meses a 33 mineros.
Si la reclamación prospera, los mineros podrían embolsarse cerca de 400.000 euros cada uno.
