A. Buendía | vigoalminuto
Vigo tiene un mercado de vivienda cada vez más desequilibrado: unos 2.000 pisos turísticos frente a alrededor de 300 viviendas disponibles para alquiler residencial, según los datos que maneja el BNG. Es decir, casi siete viviendas destinadas al turismo por cada piso que se ofrece para vivir de forma habitual.
Esa proporción será uno de los argumentos que llevará el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, este martes al Consello da Xerencia de Urbanismo. La formación quiere saber qué está haciendo el Ayuntamiento para controlar las viviendas de uso turístico, cuántas inspecciones ha realizado, cuántos expedientes sancionadores ha abierto y cuántas viviendas que operan de forma irregular ha comunicado a la Xunta para que sean retiradas de su registro.
«A pregunta é moi sinxela: que está facendo o Concello? Cantas inspeccións realizou? Cantos expedientes abriu? Cantos pisos turísticos ilegais está reclamando que sexan retirados do rexistro da Xunta?», plantea Igrexas.
El BNG sostiene que la expansión de los pisos turísticos coincide con una fuerte subida de los alquileres. Según sus cálculos, el precio del alquiler en Vigo ha aumentado un 70% desde 2016, más del doble que el IPC general en ese mismo periodo. A la presión de las viviendas turísticas suma además el crecimiento de los alquileres de temporada, que reducen todavía más la oferta estable.
«Os datos son dramáticos e demostran un desequilibrio insostíbel», afirma el portavoz nacionalista.
La norma existe, pero el BNG pide inspecciones
La formación considera insuficiente la ordenanza municipal que regula las viviendas de uso turístico si no se acompaña de controles sobre el terreno. Por eso plantea crear un Plan Municipal de Control e Inspección de las VUT, con medios específicos para comprobar su legalidad, sus condiciones de habitabilidad y seguridad y el cumplimiento de la normativa urbanística.
«A ordenanza municipal demostrou ser un auténtico bluff, un instrumento baleiro se non vai acompañado de vontade política, inspección e sanción», sostiene Igrexas.
El BNG reclama además que el Concello utilice sus competencias urbanísticas y no limite su actuación a remitir los casos a la Xunta. «Non vale escusarse no rexistro da Xunta, que é un auténtico coadoiro sen filtros. O Concello ten competencias urbanísticas claras e ten a obriga de fiscalizar a legalidade, a habitabilidade e a seguridade destas vivendas», señala.
La cuestión llega al Consello da Xerencia de Urbanismo después de que el BNG ya reclamase en julio un plan municipal específico para controlar las viviendas turísticas. Entonces situaba la relación en casi ocho pisos turísticos por cada vivienda disponible para alquiler, una cifra que ahora vuelve a poner sobre la mesa en pleno debate sobre la falta de oferta residencial.
El partido pide también que se facilite a las comunidades de propietarios la aplicación de las herramientas legales que permiten limitar determinados usos turísticos de los edificios.
«Temos que poñer fin a esta barra libre especulativa. O negocio duns poucos non pode seguir negando o dereito fundamental á vivenda e expulsando a nosa veciñanza dos barrios de Vigo», concluye Igrexas.
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