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Tensión en la asamblea de la Comunidad de Montes de Cabral ante la inadmisión de nuevos comuneros

Este domingo en IFEVI

Tensión en la asamblea de la Comunidad de Montes de Cabral ante la inadmisión de nuevos comuneros

Este domingo en IFEVI

Más de un centenar de vecinos se concentraron este domingo en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) para mostrar su oposición a la actual directiva de la Comunidad de Montes de Cabral. Protestaban por lo que consideran un “saqueo” de propiedades particulares por parte de esta entidad.

La asamblea ordinaria convocada por la Comunidad de Montes, con las votaciones diferidas a otras fechas, transcurrió en medio de una creciente tensión a las puertas del recinto ferial.

Vecinos que sin condición de comuneros

Entre los concentrados estaban varios vecinos de la parroquia a los que se les ha ido negando su condición de comuneros, “a pesar de cumplir con todos los requisitos” exigibles, y que decidieron en su día llevar su petición de ingreso en la organización a los juzgados.

Asamblea contraia a la Lei de Montes de la Xunta

Por otra parte, los congregados ya habían denunciado esta asamblea por ser contraria a la Lei de Montes del 89, ya que traslada las votaciones del orden del día a fechas posteriores y con un “dudoso método de recogida de votos a través de fedatarios”.

Altas y bajas

Entre las cuestiones que sometidas a voto figuran precisamente las altas y bajas de comuneros que, según plantea la directiva, deberá ser votada en bloque. Es decir, no se podrá votar por la inclusión o exclusión de cada comunero en función de que cumpla o no los requisitos sino por todos en conjunto”, denuncian varios de los afectados.

Gastos

Otra de las cuestiones a tratar es la convalidación de los gastos incurridos por la junta directiva por “demandas presentadas sin autorización previa de la asamblea” y que fueron “interpuestas por el presidente en su propio nombre” y , según el, en beneficio de la comunidad.

Este punto “también deberá ser votado en bloque, es decir, los cerca de 84.000 euros de 2021 y los 70.000 de 2022 propuestos como gasto para solventar procesos judiciales activos (en relación a las demandas que desde hace dos años reciben comuneros expulsados para quitarles sus legítima propiedad y agregar sus propiedades al monte) se deberán aprobar dentro de una partida general de gastos, no por separado”.

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