Según asegura el Partido Popular, el gobierno municipal admitió esta mañana en la comisión de Facenda que la subida de tasas prevista para 2016 se justifica en función del IPC de los últimos tres años, algo que prohíbe expresamente la nueva Ley de Desindexación de la economía española vigente desde el pasado marzo.
Sin embargo, justifica esta decisión señalando, entre otros motivos, que la referencia expresa que hace la ley a las tasas es “un exceso verbal” y, por tanto, no será tomada con consideración.
Para la portavoz del PP en el Concello “esta disculpa parece una broma”, por ello, en caso de que no se produzca una rectificación antes de la aprobación definitiva o en el trámite de alegaciones “estudiaremos la presentación de un recurso: las leyes no cometen excesos verbales, se aprueban en el Parlamento y están para aplicarse y cumplirse”, indicó
Elena Muñoz lamentó comprobar que el Concello “continúa con su intención de subir los impuestos a todos los vigueses y no aceptar nuestras enmiendas, que sugieren una rebaja del 2% para todas las tasas, precios y tributos municipales porque la situación económica que ellos cuentan del Concello lo permite y porque la gente lo necesita”.
En opinión del grupo municipal del Partido Popular, la decisión de la subida fiscal “responde al interés del alcalde de tener contentas a las concesionarias y seguir pagándoles un dinero que no guarda precisamente relación con su eficiencia en la gestión”.
Muñoz reclamó, también, “medidas urgentes” en el recibo del agua y recordó que Caballero se comprometió a cambiar el actual sistema de cobro por un modelo donde se pague por consumo en lugar de hacerlo por tramos. “Ni siquiera han puesto a disposición de los grupos del Concello los informes encargados a la Universidad para cambiar el recibo actual”, recordó.
Otro de los grandes problemas de las nuevas ordenanzas fiscales, indicó la portavoz popular, es la subida del IBI rústico-la contribución-, que pasa del 0,3% al 0,66%. En opinión de Muñoz, este incremento desproporcionado “va en contra del espíritu de las sentencias del Tribunal Supremo que dieron origen a la modificación de la ley”.
La sentencia admite que estos terrenos no tienen valor económico en los ámbitos donde no ha sido desarrollado el planeamiento y, por tanto, no pueden seguir pagando un IBI urbano, sino que deben cotizar como IBI rústico. “Con la subida aplicada en Vigo, estos contribuyentes pagarán prácticamente lo mismo, con lo cual tampoco se respeta lo que la ley trata de hacer respetar”.
Anunció en este sentido que se están “realizando las consultas legales pertinentes” y que la posición del PP “se anunciará en cuanto sea posible”.
