La juez Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares en Andalucía, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 46,7 millones de euros al ex viceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano, imputado en la causa por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, “a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes”.
Así lo establece la magistrada en un auto notificado este lunes, cuatro días después de la comparecencia de Lozano, que interrumpió su declaración tras responder a una decena de preguntas acogiéndose a su derecho constitucional a no declarar al entender que no se estaban “respetando” sus garantías después de que la instructora le reprochase que estaba haciendo “teatro”.
En dicho auto, Alaya adopta estas medidas cautelares por considerar que Lozano, que reconoció que “la partida 440.51 de transferencias de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) no podía utilizarse para conceder subvenciones” durante su declaración, “pudo o debió conocer el uso de las transferencias de financiación por Empleo para otorgar subvenciones y que IFA era solo mera pagadora”, así como que “podía impedir el uso de la partida de transferencia de financiación”.
