El Tribunal Constitucional ha declarado nulos por unanimidad varios preceptos y disposiciones de la Ley de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas puesta en marcha por la Generalitat para poder crear las llamadas estructuras de Estado para la eventual independencia de Cataluña.
De esta manera, el tribunal de garantías del Constitucional estima parcialmente el recurso del Gobierno central declarando directamente inconstitucionales algunas disposiciones y en otras recomendando su interpretación para que puedan encajar en la Constitución.
Considera inconstitucionales los preceptos que prevén la creación de un plan director de la Administración Tributaria de Cataluña; la elaboración de un catálogo de infraestructuras estratégicas de Cataluña; el plan director relativo de la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario; la creación de un Servicio Meteorológico de Cataluña; y la limitación para el establecimiento de grandes establecimientos comerciales en puertos públicos.
El Tribunal Constitucional salva sin embargo el apartado dedicado a la creación de la Agencia Catalana de Protección Social, declarada constitucional siempre que se interprete la norma en el sentido que indica la sentencia: referido a una eventual asunción de funciones que Cataluña ostentaría conforme al Estatuto de Autonomía.
