Este sábado se cumple un mes de la mayor tragedia ferroviaria ocurrida en décadas en España, el descarrilamiento del tren Alvia en la curva de A Grandeira de Santiago, en el que fallecieron 79 personas, y en el que resultaron heridas otras 150, catorce las cuales permanecen hospitalizadas en distintos centros de Galicia.
El 24 de julio, el tren que cubría la ruta Madrid Ferrol, descarriló al tomar una curva a una velocidad que, como el propio maquinista admitió, era muy superior a la permitida en el tramo.
El juez que lleva el caso, Luis Aláez, imputó al maquinista cuatro días después del siniestro, aunque semanas después el caso dio un vuelco cuando también acordó imputar, por apreciar imprudencia, al responsable o responsables de seguridad del tramo Ourense-Santiago el día del accidente, para lo que demandó de ADIF que le concrete quiénes son.
Este asunto crea ahora la incógnita de saber quiénes y cuántos son realmente los imputados, ya que el gestor ferroviario ADIF tiene previsto remitir al juzgado una relación detallada de cargos responsables de la seguridad en los últimos años.
El instructor tomó la decisión al entender que aunque las muertes y lesiones ocurridas en el accidente están «obviamente conectadas» con el exceso de velocidad, también lo están con la «omisión de medidas de seguridad preventiva de naturaleza vial» y con una conducta «imprudente» de los responsables de seguridad, decía su auto.
