Redacción | vigoalminuto
La calidad del agua en el entorno del IES Beade ha abierto un nuevo enfrentamiento entre la Xunta y el Concello de Vigo. El Gobierno gallego ha comunicado la detección reiterada de metales pesados —plomo, arsénico y hierro— en muestras recogidas en varios puntos de la zona y advierte de un posible riesgo para la salud. El Ayuntamiento, por su parte, niega que sus análisis confirmen incumplimientos en la calidad del agua y acusa a la Administración autonómica de generar alarma con información que considera falsa.
Según la Xunta, las últimas muestras tomadas por Salud Pública en cuatro puntos del exterior del recinto educativo vuelven a mostrar concentraciones elevadas de metales en acometidas de la zona. El Ejecutivo autonómico sostiene que la reiteración de estos resultados hace necesario restringir el consumo de agua en el área afectada y ha reclamado a Aqualia, la concesionaria municipal del servicio, una propuesta sobre las condiciones de consumo en un plazo de 24 horas.
La Administración gallega también exige una investigación exhaustiva para delimitar el alcance del problema, identificar los puntos afectados y adoptar las medidas necesarias para corregirlo. Su comunicación sitúa el foco en las acometidas exteriores, aunque la información facilitada no concreta qué restricciones se han aplicado ni delimita con precisión el perímetro afectado.
El Concello niega incumplimientos en la red pública
La respuesta municipal ha sido contundente. En un comunicado, el Concello asegura que la Xunta le trasladó resultados no conformes por plomo en tres acometidas de propiedades particulares: dos en el Camiño de Outeiro y otra en el Camiño Real. Sin embargo, afirma que las analíticas encargadas por el Ayuntamiento a un laboratorio acreditado no detectan incumplimientos.
El Gobierno local sostiene, además, que la Xunta no le ha comunicado ninguna incidencia en la calidad del agua del IES Beade ni en la red pública de abastecimiento. Acusa al Ejecutivo autonómico de actuar «con mala fe» y de «mentir y calumniar», en un cruce de reproches que mantiene sin resolver la discrepancia sobre los resultados de los análisis.
La diferencia entre ambas versiones resulta clave para determinar el alcance del problema: mientras la Xunta interpreta los resultados como una señal de riesgo que obliga a actuar, el Concello sostiene que sus propias pruebas no acreditan un incumplimiento. Los datos detallados de las analíticas, sus concentraciones y los puntos exactos de muestreo no figuran en la información facilitada, por lo que no es posible establecer con ella el alcance preciso de la contaminación.
La polémica por las tuberías del instituto
El conflicto viene de atrás. El pasado febrero, el director territorial de Educación, César Pérez, visitó el instituto para comprobar el estado de las instalaciones y de los circuitos de agua. Entonces defendió que las tuberías del centro eran de polietileno y que, por tanto, la presencia de plomo debía proceder de las acometidas exteriores.
El Concello de Vigo cuestiona ahora también esa afirmación y asegura que es «completamente falsa» la descripción de las tuberías del centro realizada por el responsable educativo. La controversia se extiende así tanto al origen de los metales detectados como a la interpretación de los análisis y al estado de las instalaciones.
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