Carlos Díaz | Vigo Al Minuto
La Comunidad de Montes de Teis ha puesto este jueves en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción lo que considera posibles hechos constitutivos de un delito continuado de prevaricación por parte del Concello de Vigo. El origen del conflicto se remonta a una sentencia firme de 2009 que reconoció a los comuneros la propiedad de varias parcelas de A Madroa, entre ellas la ocupada entonces por el Zoo.
La denuncia abre un nuevo capítulo en un litigio que arrastra casi dos décadas y que enfrenta al Ayuntamiento con la comunidad de montes por la situación jurídica de los terrenos y de las instalaciones construidas sobre ellos.
El Tribunal Superior de Galicia, dio la razón a la Comunidad de Montes
La resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de mayo de 2009 declaró que varias parcelas del monte vecinal de A Madroa pertenecían a la Comunidad de Montes de Teis. Entre ellas se encontraba la destinada al zoológico, con una superficie de 38.710 metros cuadrados. La sentencia reconoció además a los comuneros el derecho a hacer suyas las obras existentes, previo pago de la indemnización correspondiente al Ayuntamiento, mientras que el Concello conservaba entretanto un derecho de retención sobre las instalaciones.
Ese matiz es clave para entender el conflicto actual. La sentencia reconoció la propiedad del suelo a los comuneros, pero no supuso la desaparición inmediata de las instalaciones municipales. De hecho, resoluciones judiciales posteriores han vuelto a referirse a ese régimen de propiedad y al derecho de retención del Ayuntamiento.
Un conflicto que llega hasta el actual Parque das Ciencias
Según la Comunidad de Montes de Teis, el Concello continuó gestionando el zoológico en situación de precario y, pese a lo establecido en la sentencia, siguió ejecutando nuevas obras en las instalaciones.
Los comuneros aseguran que la construcción de nuevas actuaciones se intensificó especialmente durante los últimos años y que el propio Gobierno municipal anunció muchas de ellas públicamente, tal y como recogieron los medios de comunicación.
En 2023, según el relato de la comunidad, la concejala responsable contactó con los comuneros para intentar buscar una salida negociada que permitiera transformar jurídicamente el antiguo Zoo de Vigo en la instalación que actualmente se denomina Parque das Ciencias.
La Comunidad de Montes asegura que, tras aquella reunión, presentó al Ayuntamiento una propuesta de acuerdo. Según su versión, nunca recibió respuesta y el Concello continuó posteriormente con nuevas actuaciones en el recinto.
La tesis de los comuneros es que para convertir el antiguo zoológico en el actual Parque das Ciencias resulta necesario disponer legalmente de los terrenos sobre los que se asienta la instalación y que esa situación no estaría regularizada.
La Justicia ya examinó las obras posteriores a la sentencia
El enfrentamiento no es nuevo. En 2019, los tribunales ya rechazaron una pretensión de la Comunidad de Montes de Teis relacionada con obras realizadas por el Concello en las instalaciones del zoológico después de la sentencia de 2009. La Audiencia Provincial confirmó entonces la desestimación de la petición de los comuneros.
En paralelo, distintas resoluciones judiciales han mantenido como antecedente la sentencia de 2009 que atribuyó a la comunidad la propiedad de las parcelas de A Madroa. Una resolución del TSXG de 2021 recuerda expresamente que las cuatro fincas litigiosas se declararon propiedad de la Comunidad de Montes de Teis y que el Ayuntamiento mantenía el derecho de retención sobre las construcciones en los términos fijados por aquella sentencia.
Ahora, los comuneros consideran que la continuidad de determinadas actuaciones municipales puede tener relevancia penal y han trasladado los hechos a la Fiscalía Anticorrupción. La presentación de la denuncia no implica que exista un delito acreditado ni que la Fiscalía haya asumido la tesis de la Comunidad de Montes: corresponde al Ministerio Público valorar los hechos y determinar si existen indicios que justifiquen nuevas actuaciones.
La Comunidad de Montes sostiene que se encuentra en una situación de “desamparo” y reclama que se determine si las actuaciones realizadas por el Concello se ajustan a la sentencia firme y al ordenamiento jurídico.
El movimiento devuelve al primer plano un conflicto que parecía enquistado: el Ayuntamiento gestiona unas instalaciones públicas asentadas sobre terrenos cuya propiedad se atribuyó judicialmente a una comunidad de montes, mientras ambas partes mantienen desde hace años posiciones enfrentadas sobre cómo resolver definitivamente la situación.
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