Abel Caballero elevó este jueves el tono del debate político sobre la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Vigo y cargó duramente contra el Partido Popular y el Bloque Nacionalista Galego, a quienes acusó de desconocer tanto la legislación estatal como las obligaciones vinculadas a los fondos europeos.
“El PP y el BNG no se enteran de dónde están”
Eso afirmó el alcalde vigués, quien defendió que la implantación de las ZBE no responde a una decisión ideológica del Concello, sino al cumplimiento de la legislación española derivada de los compromisos climáticos y de movilidad sostenible.
Caballero insistió en que la obligación de implantar estas zonas parte de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y advirtió de que el incumplimiento puede poner en riesgo ayudas vinculadas a fondos europeos Next Generation.
“Podrían perder fondos europeos”
El alcalde sostuvo que ciudades gobernadas por el BNG, como Pontevedra, o por otros ejecutivos locales como Ferrol o Santiago, están teniendo problemas con sus proyectos de ZBE y podrían enfrentarse a complicaciones relacionadas con financiación europea.
Según señaló, Vigo busca garantizar el mantenimiento de unos 35 millones de euros en fondos europeos vinculados a movilidad y sostenibilidad. La normativa obliga a implantar ZBE a municipios de más de 50.000 habitantes y a determinadas ciudades con problemas de contaminación.
Sin embargo, conviene precisar que la Unión Europea no obliga directamente a cada ciudad española a implantar ZBE concretas. La obligación legal deriva de la Ley 7/2021 de Cambio Climático aprobada en España y desarrollada posteriormente mediante el Real Decreto 1052/2022, que fija los requisitos mínimos de estas zonas. Actualmente, el principal problema para muchos ayuntamientos no es una multa automática de la UE, sino el riesgo de incumplir una obligación estatal y las posibles consecuencias administrativas, regulatorias o financieras ligadas a ayudas públicas y subvenciones europeas. |
Vigo plantea una aplicación gradual
Caballero defendió además que el modelo diseñado para Vigo será “flexible” y contará con numerosas excepciones para evitar un impacto brusco sobre los conductores con menos recursos.
El alcalde explicó que la ordenanza contempla alrededor de 20 excepciones y una aplicación progresiva, de forma que “todo continúe prácticamente igual durante un tiempo”.
Entre las medidas avanzadas figura la posibilidad de acceso para vehículos históricos o determinados coches antiguos, además de otros supuestos especiales todavía en debate.
También aseguró que inicialmente no habrá multas directas, sino avisos informativos para facilitar una adaptación gradual de la ciudadanía a las nuevas restricciones.
Las multas sí están previstas en la normativa
No obstante, aunque el Concello pueda establecer períodos transitorios o fases informativas, las ZBE en España sí deben incorporar mecanismos de control y régimen sancionador para los incumplimientos.
En la práctica, las sanciones habituales aplicadas en otras ciudades españolas rondan los 200 euros, aunque la cuantía concreta depende de cada ordenanza municipal y puede reducirse por pronto pago.
En los ayuntamientos donde ya funcionan las ZBE, las multas suelen aplicarse automáticamente mediante cámaras que leen la matrícula y la cruzan con los datos de acceso autorizado del vehículo. La potestad sancionadora la tiene el ayuntamiento, no la Dirección General de Tráfico. La DGT establece y gestiona la clasificación ambiental de los vehículos, pero la multa la tramita y notifica la administración municipal según su ordenanza. La infracción se considera grave y la sanción habitual es de 200 euros, sin retirada de puntos; si se paga en plazo voluntario, normalmente se reduce a 100 euros. Esos importes pueden variar en la práctica si la ordenanza local o el encaje jurídico del expediente cambia, pero esa es la cuantía más extendida. Muchos ayuntamientos permiten accesos excepcionales para residentes, personas con movilidad reducida, emergencias, reparto autorizado o vehículos históricos, siempre que estén inscritos o autorizados en el sistema local. |
Cruce político por la movilidad en Vigo
El debate sobre la ZBE ha escalado en los últimos días después de que el BNG reclamase retirar el proyecto municipal por considerarlo “injusto socialmente” y el PP presentase enmiendas para retrasar al máximo el régimen sancionador e introducir exenciones vinculadas a la renta.
Mientras tanto, el gobierno local insiste en que Vigo desarrollará un modelo “propio” que permita compatibilizar la transición ambiental con el mantenimiento de la movilidad y la protección de las ayudas europeas.
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