El debate sobre las futuras Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Vigo suma nuevas críticas políticas. El Bloque Nacionalista Galego y el Partido Popular han presentado enmiendas contra la ordenanza impulsada por el gobierno municipal de Abel Caballero, cuestionando tanto el modelo de restricciones como la falta de alternativas de movilidad para la ciudadanía.
«Un modelo fracasado a nivel ambiental e injusto socialmente»
El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, registró una enmienda a la totalidad del proyecto al considerar que la propuesta “insiste en un modelo fracasado a nivel ambiental e injusto socialmente”.
Los nacionalistas rechazan el sistema planteado por el Concello, basado en cuatro perímetros restringidos con sanciones, al que califican como una “mala copia de Madrid Central”. Frente a ello, el BNG propone convertir toda la ciudad en una Zona de Bajas Emisiones, pero sin multas ni restricciones directas al tráfico.
Igrexas defendió que el objetivo debe ser reducir la dependencia del vehículo privado mediante un refuerzo “mucho mayor” del transporte público y medidas que impulsen la movilidad peatonal, el uso de la bicicleta y los vehículos de movilidad personal.
“El reto no es sustituir coches de combustión por eléctricos o híbridos inaccesibles para la mayoría social”, sostuvo el portavoz nacionalista, que reivindicó un “Nuevo Vigo” más verde, saludable y habitable.
Además, el BNG reclama la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, sin actualizar desde 2020, y la apertura de un proceso participativo con la convocatoria de los consejos sectoriales de Transportes, Medio Ambiente y Accesibilidad.
Retrasar la aplicación de las multas y establecer exenciones para las rentas más bajas
Por su parte, la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, anunció siete enmiendas a la futura ordenanza municipal con el objetivo de retrasar al máximo la aplicación de las multas y establecer exenciones para las rentas más bajas.
Entre las propuestas del grupo popular figura ampliar a 18 meses el régimen atenuado de cada una de las tres fases de implantación de las ZBE para aplazar las sanciones, además de crear autorizaciones especiales ligadas al IPREM para conductores con menos recursos económicos.
El PP también reclama que el sistema de autorizaciones esté operativo desde el primer día de entrada en vigor de las restricciones y propone habilitar un teléfono de información y una oficina presencial para resolver dudas ciudadanas.
Luisa Sánchez acusó al gobierno local de haber tramitado las ZBE “desde el oscurantismo” y denunció que la ordenanza presenta “importantes carencias y deficiencias”.
Los populares también exigen reforzar el transporte urbano con más rutas y frecuencias, especialmente en las conexiones con las cuatro áreas afectadas: Vigo Centro, Plaza de Portugal, Calvario y Bouzas.
Además, plantean redactar un nuevo Plan Municipal de Movilidad Sostenible en un plazo máximo de 18 meses y adelantar la estrategia Vigo Ecodriving 2030 para coordinarla con la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones.
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