El Informe Anual de Amnistía Internacional- que puedes consultar entrando AQUí– pide a Xunta y Concello de Vigo, más vivienda social, además de un control efectivo del precio de los alquileres y mayores recursos para servicios sociales.
Sanidad
Exctamente, en lo que respecta a Galicia el informe apunta que vivimos en una situación de «preocupación» respecto de la proteción de derechos fundamentales, como el acceso a a sanidad y a la vivienda, retos de calado como protección y correcta acogida de menores inmiegrantes o una política más comprometida con los derechos humanos.
Así AI recuerda que «entre 2009 y 2022 la inversión general en Sanidad descendió en Galicia un 5%, llgando al 7% en Atención Primaria. De ahí que sea necesario que la Xunta aumente los recursos humanos y materiales en sanidad. Así, el porcentaje de la inversión en Atención Primaria debe ser del 25% del presupuesto anual de la Comunidad, como reclama la Organización Mundial de la Salud» señala Isabel Flores, portavoz de Amnistía Internacional en Vigo.
Vivienda
Por lo que atañe a vivienda, AI considera que el plan de la Xunta de llegar a 8.000 vivendas públicas en 2028 – de las que empezó a construir en Vigo alrededor de 1.000- «es un primer paso insuficiente para garantizar el acces a la vivienda y la emancipación de los más jóvenes».
Amnistía Internacional subraya que con este número de casas sólo se lograría la mitad de la media europea en vivienda social, que es el 15% del total. Por ello, AI reclama no centrarse únicamente en nueva construcción, sino sacar a alquiler pisos vacíos y establecer objetivos anuales de vivienda social a precios asequibles.
En este sentido recuerda su portavoz que el precio medio en Vigo «está disparado y supera los 650€». Asimismo, celebra que «por fin, el Concello tenga el informe que encargó el año pasado para cumplir los requisitos que permiten pedir al Gobierno gallego el control de precios previsto en la Ley de Vivienda de 2023. Esperamos que realice ese trámite y la Xunta autorice ese control enseguida».
Vigo
Amnistía Internacional celebra, también, la reciente aprobación de ayudas a la rehabilitación y un programa de intermediación de alquiler por parte do Concello para poner en el mercado viviendas vacías en Vigo, actualmente unas 22.000 según datos del INE de 2021 -de un total de 120.000 vivendas vacías en Galicia y 3,8 millones en España-.
Ahora «es necesario garantizar los recursos suficientes para la promoción de estos programas y reforzar la plantilla de los Servicios Sociales Municipales, para atender a la población en situación de vulnerabilidad, además de ofrecer alternativas habitacionales para las personas afectadas por los deshaucios». En concreto, en 2024 hubo 316 desahucios en la ciudad, la mayoría por impago del alquiler y hasta marzo de este 2025 fueron 66, de acuerdo con los datos de la Oficina de Notificaciones y Embargos.
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Protección de la infancia migrante
Poniendo el foco en la protección da infancia migrante, recordando la próxima llegada de un grupo de más de 300 menores desde Canarias a Galicia, AI reclama «medidas que garaticen su interés superior, una acogida digna y que se complemente su derecho a solicitar protección internacional, documentación. educación y programas que faciliten su transición a la vida adulta».
Igualmente, la portavoz de Amnistía pidió «más recursos para los juzgados especializados en violencia contra las mujeres, formación para con los prejuicios sexistas que dificultan el acceso a la justiza y la educación afectivo-sexual en los centros educativos». Por último, solicitou accións concretas de la Xunta y el Concello de Vigo en cuestiones de acción exterior y derechos humanos, especialmente en la condena de la pena de muerte en el mundo y la denuncia del genocidio en Gaza.
