JOSÉ MANUEL PENA/ España elevó su capacidad de pesca en casi 800 barcos en sólo siete años, según la prestigiosa consultoría británica “Poseidón”. Así, en todo este período desguazó, con dinero europeo, unos 791 buques y construyó unos 1.671. El dinero de la Política Pesquera Común (PPC) no ha servido para proteger los recursos y limitar la excesiva capacidad de la flota, como se pretendía, sino al contrario, para elevar la presión sobre los caladeros financiando una capacidad extractiva que triplica los límites de la pesca sostenible.
Uno de los numerosos errores de la UE conlleva a que actualmente los pescadores españoles, principalmente gallegos, que se dedican a la captura de merluza se encuentren sometidos a una férrea persecución por parte de los inspectores comunitarios para obligarles a cumplir con el cupo de los 150 kilos semanales de merluza. La Unión Europea pretende con ello que la industria pesquera sea “próspera” y “sostenible”. Mientras tantos los buques arrastreros deambulan de puerto en puerto, principalmente de noche, para escapar de los controles y descargas sus capturas de lo contrario se ven obligados a devolverlos al mar, ya muertas.
La gestión de la PPC así como de los TAC, por parte de la Unión Europa, tiene que ser más realista y sopesar sus consecuencias. ¿Cómo se puede limitar los cupos de merluza a 150 kilos semanales por buque? ¿No son conscientes de que para estas embarcaciones sus capturas principales son las de merluza? ¿No sería mejor decretar un período de veda o paro biológico y así por lo menos los barcos estarían amarrados, evitando los descartes, y los pescadores percibirían las ayudas comunitarias? Lo cierto es que, en materia pesquera, se continúa con la improvisación y ocultando que el beneficio sigue siendo para unos pocos y el daño general, enorme e irreparable. Todos queremos una Europa Azul más sostenible y que no perjudique al medio marino, para eso nuestros mandatarios deben ser más serios y eficaces.
