Sedición: alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión. Es lo que se les imputará a los controladores aéreos que los pasados 3 y 4 de diciembre causaron el caos aéreo que amargó el puente a unas 600.000 personas, según las primeras estimaciones. En total podrían ser entre 8 y 10 años de cárcel y la inhabilitación laboral por el mismo periodo, de cuatro a 8 años para los imputados que no sean instigadores.
La Fiscalía de Madrid ha decidido acusar de sedición a los controladores que se negaron a declarar ante el fiscal hasta que el Supremo resuelva los recursos interpuestos tanto contra el estado de alarma como contra la militarización del espacio aéreo español y por entender que al estar bajo jurisdicción militar tiene que ser este estamento el que los juzgue.
