A. Buendía | vigoalminuto
Abel Caballero no da por perdida la batalla judicial por los antiguos juzgados de la rúa Lalín. El alcalde de Vigo ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló la decisión municipal de suspender la licencia concedida a la Xunta para transformar el inmueble en un Centro de Asociacionismo.
El recurso abre un nuevo capítulo en un enfrentamiento que tiene dos cuestiones diferentes y que conviene no confundir. La que llegará al Supremo es la controversia urbanística sobre la licencia: si el Concello podía dejar sin efecto un permiso que él mismo había concedido meses antes. La propiedad del edificio, que ambas administraciones reivindican, no forma parte del objeto de esta sentencia y deberá resolverse en otro procedimiento.
El anuncio de Caballero llega después de que el TSXG revocase el pronunciamiento de primera instancia favorable al Ayuntamiento. La Sala de lo Contencioso-Administrativo consideró que la suspensión de la licencia no tenía justificación legal y que no concurrían los supuestos que permiten a una Administración dejar sin efecto un permiso urbanístico ya otorgado.
La Xunta había solicitado la licencia en febrero de 2024 y la obtuvo el 29 de noviembre de ese año. Apenas dos meses después, en enero de 2025, el Gobierno municipal decidió suspender sus efectos al entender que existían dudas sobre la titularidad del inmueble. La Administración autonómica recurrió y el TSXG terminó dándole la razón.
Los magistrados subrayaron que el Ayuntamiento conocía la situación registral de la parcela durante la propia tramitación del permiso. Por eso, consideraron cuestionable que utilizase posteriormente esas mismas dudas para paralizar una actuación que ya había autorizado. La sentencia, fechada el 11 de septiembre, no reconoce la propiedad a la Xunta ni al Concello: se limita a resolver sobre la legalidad de la suspensión de la licencia.
ALREDEDOR DE 1,2 MILLONES DE GASTOS QUE PAGAREMOS LOS CIUDADANOS MIENTRAS EL EDIFICIO QUE SIGUE DETERIORÁNDOSE La transformación de los antiguos juzgados de la rúa Lalín en un Centro de Asociacionismo acumula ya más de 1,2 millones de euros en gastos y compensaciones cuantificados, sin contar el deterioro del edificio, los años sin uso ni los costes jurídicos. La cifra incluye: * 100.000 euros del concurso de ideas * 409.658 euros de redacción del proyecto * 92.350 euros del traslado de los archivos judiciales * indemnizaciones de unos 600.000 euros a las constructoras * 20.000 euros al arquitecto Alfonso Penela A ello habría que añadir otros servicios técnicos y gastos preparatorios cuya liquidación completa no está disponible. Los casi 19 millones de euros adjudicados para ejecutar las obras y los contratos de dirección y coordinación no pueden contabilizarse como dinero perdido, puesto que no equivalen necesariamente a pagos realizados, aunque sí es una inversión que no se realizará en la ciudad. Además, el conflicto puede generar además una nueva factura para las arcas municipales. La Xunta estudia reclamar al Concello de Vigo alrededor de 1 millón de euros por los costes derivados de la paralización de las obras, aunque todavía no ha formalizado la reclamación ni existe una condena que obligue a pagar esa cantidad. |
Qué posibilidades tiene el Concello ante el Supremo
La decisión de recurrir no significa que el Ayuntamiento vaya a conseguir que el Tribunal Supremo revise el fondo del asunto. Los recursos de casación tienen un filtro de admisión y el alto tribunal debe apreciar que existe interés casacional objetivo para formar jurisprudencia. No basta con discrepar de la interpretación realizada por el TSXG.
Tampoco debe confundirse el anuncio del alcalde con la admisión a trámite. Por el momento, no consta que el Supremo haya admitido el recurso municipal. Esa circunstancia será determinante para saber si el tribunal entra finalmente a examinar la controversia.
Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial ofrecen una referencia sobre el comportamiento de los recursos de casación en España. En 2024, el 88,1% de los recursos resueltos terminaron con la confirmación íntegra de la resolución recurrida. El porcentaje había sido del 89,6% en 2023. Es decir, en torno a nueve de cada diez resoluciones recurridas en casación fueron confirmadas en esos dos ejercicios.
La cifra, sin embargo, necesita una precisión importante: se refiere al indicador general del conjunto de las jurisdicciones y no exclusivamente a los recursos que llegan al Supremo contra sentencias de los tribunales superiores de justicia. Tampoco permite calcular las posibilidades de éxito del Concello en este procedimiento concreto. No existe en ese indicador un desglose que permita afirmar qué porcentaje de las sentencias del TSXG ha sido confirmado específicamente por el Tribunal Supremo.
La Xunta pone sobre la mesa una reclamación de un millón
Mientras se abre esta nueva vía judicial, la Xunta mantiene su intención de reclamar al Ayuntamiento los gastos ocasionados por la paralización del proyecto. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, avanzó el pasado jueves, 12 de noviembre, que el Gobierno gallego calcula en aproximadamente un millón de euros los costes que podría repercutir al Concello.
Calvo explicó que esa cantidad incluye los gastos del proyecto, la contratación, la adjudicación y la posterior resolución del contrato con la empresa que iba a ejecutar las obras. La Administración autonómica considera que tuvo que asumir esos desembolsos después de que el Ayuntamiento suspendiese la licencia.
«Lo que estamos valorando, lógicamente, es repercutirle al Ayuntamiento los costes en los que la Xunta incurrió para llevar a cabo primero el proyecto, la contratación y después la adjudicación y la resolución del contrato con la adjudicataria», señaló el conselleiro.
La Xunta, no obstante, no ha formalizado todavía la reclamación. Calvo indicó que espera a conocer si el Concello recurría la sentencia y a que esta adquiera firmeza antes de decidir los siguientes pasos. El anuncio de Caballero despeja ahora la primera incógnita, aunque prolonga el enfrentamiento entre las dos administraciones.
La cantidad que maneja la Xunta tampoco constituye una indemnización reconocida judicialmente ni una deuda firme del Ayuntamiento. Se trata de una reclamación que el Gobierno gallego está estudiando y cuya cuantía y fundamento tendrá que concretar si finalmente decide exigirla.
Un proyecto de más de 20 millones que sigue paralizado
La disputa ha dejado en suspenso la transformación de uno de los edificios de los antiguos juzgados en un espacio para asociaciones y entidades sociales. La Xunta había previsto una inversión superior a los 20 millones de euros y ya había adjudicado las obras antes de que el Concello suspendiese la licencia.
La paralización obligó a resolver el contrato con la adjudicataria. En informaciones anteriores, vigoalminuto recogió que la Xunta había tenido que abonar alrededor de 600.000 euros a las empresas por la resolución contractual. Ahora, el Ejecutivo autonómico sitúa en torno a un millón el conjunto de los gastos que estudia reclamar.
El enfrentamiento, por tanto, no se limita ya a quién podrá disponer del inmueble. El Ayuntamiento pretende que el Supremo revise la sentencia que cuestiona su decisión sobre la licencia, mientras la Xunta prepara una posible reclamación económica por las consecuencias de aquella suspensión.
Y la cuestión de fondo sobre la propiedad de los antiguos juzgados continúa pendiente de su propio procedimiento judicial.
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