María L. García | vigoalminuto
La vivienda volvió a centrar buena parte de las críticas de Luisa Sánchez a Abel Caballero. La presidenta del PP de Vigo aprovechó la aprobación de la escritura de constitución de la Empresa Municipal de Vivienda para cuestionar los casi 19 años de gestión socialista y recuperar la promesa de las 6.000 viviendas protegidas que el alcalde anunció en 2007. También cargó contra la ausencia de promociones municipales terminadas, puso en duda los resultados de Peinador y reclamó que se acelere la reunión entre las administraciones para negociar la candidatura al Mundial de 2030.
Su intervención deja sobre la mesa problemas reales, especialmente en materia de vivienda. Pero el balance exige mirar también los antecedentes, las cifras que el propio Concello ha difundido y algunas cuestiones que la dirigente popular ha dejado fuera de su relato.
Empresa Municipal de Vivienda
La primera tiene que ver precisamente con EMVIGO. Sánchez sostiene que el Gobierno local celebró el viernes otra reunión de la comisión de estudio y que la empresa sigue sin constituirse año y medio después de su anuncio. Sin embargo, el 13 de noviembre la Junta de Gobierno Local aprobó la escritura de constitución de la sociedad, un paso administrativo distinto de las reuniones anteriores y que acerca su puesta en funcionamiento.
El avance llega casi 17 meses después de que Caballero anunciase el proyecto, el 27 de junio de 2025. La comisión de estudio no se constituyó hasta septiembre de aquel año y la memoria justificativa pasó por el Pleno en julio de 2026. Ahora, EMVIGO queda pendiente de su inscripción en el Registro Mercantil para adquirir personalidad jurídica plena.
La empresa contará con un capital inicial de 8,6 millones de euros y comenzará, según el alcalde, con dos actuaciones: 200 viviendas protegidas en Santa Cristina de Lavadores y otras 27 en Esturáns, cuya construcción ya está adjudicada. Ninguna de esas 227 viviendas debe confundirse, por ahora, con pisos terminados y disponibles para sus futuros inquilinos.
El tiempo empleado en poner en marcha la sociedad es una crítica legítima al Gobierno local. También lo es exigir un calendario de ejecución y resultados concretos. Pero presentar la aprobación de la escritura como si el Concello se hubiera limitado a celebrar otra reunión preparatoria no refleja lo sucedido el viernes.
De las 6.000 viviendas a las 805 que Caballero asegura tener en marcha
La promesa de construir 6.000 viviendas protegidas en cuatro años acompaña a Abel Caballero desde su llegada a la Alcaldía. Casi dos décadas después, el balance de promociones municipales de nueva construcción sigue siendo una de las principales debilidades de su gestión.
En abril, vigoalminuto examinó otra de las cifras difundidas por el alcalde: las 805 viviendas que aseguró tener «en marcha y programadas», 715 atribuidas al Concello y otras 90 a Zona Franca. El análisis de esta redacción comprobó que ninguna promoción municipal de vivienda nueva estaba entonces en fase de construcción.
El problema estaba en la composición de esa cifra. Caballero sumaba proyectos anunciados, promociones pendientes de tramitación y actuaciones de rehabilitación sobre edificios ya existentes. Entre las viviendas municipales contabilizadas figuraban las 200 de Santa Cristina, las 27 de Esturáns, otras 88 en Barreiro y alrededor de 400 intervenciones de rehabilitación.
Son actuaciones de naturaleza muy diferente. Rehabilitar un edificio, conceder una ayuda a un propietario o anunciar una promoción no equivale a construir vivienda pública nueva.
La situación de Esturáns ilustra bien la distancia entre los anuncios y la ejecución. El proyecto de 27 pisos, anunciado hace años, atravesó un primer concurso sin resultado y tuvo que volver a tramitarse. Ahora su construcción está adjudicada, pero todavía debe materializarse.
Tampoco todos los programas municipales han ofrecido los resultados esperados. El plan de rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas al alquiler asequible, dotado con 150.000 euros, apenas registró una solicitud: una ayuda de 4.200 euros. Es decir, se ejecutó el 2,8% de la partida y se incorporó una sola vivienda al mercado mediante ese programa.
El Concello también puso en marcha una línea de compra de viviendas, con 2,5 millones de euros y un precio máximo de adquisición de 180.000 euros por inmueble. A ello se suman las partidas anunciadas para rehabilitación y los recursos previstos para EMVIGO. Son instrumentos que deben valorarse por separado y, sobre todo, por sus resultados efectivos.
En este contexto, Sánchez recuerda la venta de las 40 viviendas municipales de República Argentina, una operación que se desarrolló entre 2014 y 2017 y que reportó unos 5,5 millones de euros. La decisión de desprenderse de ese patrimonio residencial sin convertirlo en un parque municipal permanente de alquiler sigue siendo un antecedente relevante del debate actual.
La vivienda también es competencia municipal
La dirigente popular reprocha a Caballero que haya tenido competencias para promover vivienda pública durante sus mandatos y no las haya ejercido. En este punto, la legislación autonómica reconoce atribuciones municipales en materia de vivienda y urbanismo. No es una responsabilidad exclusiva de la Xunta, aunque la Administración autonómica tenga un papel fundamental en la planificación y promoción de vivienda protegida.
La contradicción política del alcalde viene de lejos. Durante años, Caballero situó la responsabilidad de la vivienda fundamentalmente en la Xunta. Después anunció una empresa municipal y reivindicó la capacidad del Ayuntamiento para impulsar promociones propias.
Pero hay otra cuestión que el debate entre PSOE y PP deja en segundo plano: la declaración de Vigo como zona de mercado residencial tensionado.
El Pleno municipal aprobó el 25 de marzo de 2024 iniciar los trámites para solicitar esa declaración. Más de dos años después, el Gobierno local seguía sin presentar la solicitud ante la Xunta. Y eso pese a que el estudio externo encargado por el propio Concello, disponible desde abril de 2025, identificaba 17 zonas de la ciudad que cumplían los criterios analizados para optar a esa consideración.
El documento estimaba que la aplicación de la medida podría permitir reducciones de entre 120 y más de 800 euros mensuales en los alquileres, dependiendo de la zona. Caballero descartó posteriormente solicitar la declaración y defendió otras medidas municipales.
La demora no es un detalle administrativo. Mientras el expediente permanece sin avanzar, el alquiler medio de Vigo se sitúa en torno a los 727 euros mensuales, con un incremento del 8,3% respecto al año anterior, según los últimos datos del IGVS recogidos por esta redacción.
También en este ámbito hay resultados que merecen examen. El programa ViveVigo, anunciado con 700.000 euros para facilitar el acceso al alquiler, tardó más de seis meses en disponer de sus bases, publicadas el 24 de septiembre. La pregunta sigue siendo cuántas viviendas ha conseguido incorporar realmente y cuántas familias se han beneficiado.
Por su parte, la Xunta ha impulsado promociones en Navia y otras zonas de la ciudad, además de programas como Fogar Vivo, que logró movilizar 239 viviendas en su primera convocatoria. Comparar esas actuaciones con las municipales exige distinguir entre construcción nueva, rehabilitación, ayudas a propietarios y alquiler asequible.
El PP reclama más dinero, pero sus 60 millones siguen siendo una propuesta
Luisa Sánchez acusa al alcalde de no dedicar suficientes recursos a vivienda. Su formación ha planteado distintas alternativas presupuestarias, aunque conviene diferenciar las propuestas de inversión del dinero que realmente está aprobado y ejecutado.
En marzo de este año, el PP presentó un plan municipal de vivienda de 60 millones de euros con cargo a los remanentes municipales. El reparto propuesto contemplaba 16 millones para adquirir suelo, 27 millones para construir vivienda pública, ocho millones para rehabilitación y movilización de pisos vacíos y nueve millones para ayudas al alquiler.
Más recientemente, durante la negociación de los presupuestos de 2027, los populares propusieron destinar 4,2 millones adicionales a políticas de vivienda, dentro de un paquete de modificaciones presupuestarias de 8,4 millones. El PSOE rechazó las enmiendas y el PP anunció que volvería a reclamar una partida de 60 millones durante el primer trimestre del próximo año.
Las iniciativas permiten conocer las prioridades presupuestarias de Sánchez, pero no constituyen inversiones comprometidas. El mismo criterio debe aplicarse al Gobierno local: los 8,6 millones de capital de EMVIGO y los proyectos anunciados tampoco pueden contabilizarse como viviendas construidas.
La discusión no debería limitarse a cuánto dinero promete gastar cada partido. La cuestión es qué viviendas se consiguen, en qué plazos, a qué precios y cuántas llegan a quienes no pueden acceder al mercado libre.
Casa 47: Vigo no entra en la nueva convocatoria, pero ya tiene 67 viviendas
La presidenta del PP también ha cuestionado que la nueva convocatoria estatal de Casa 47, con 104 viviendas de alquiler asequible en Galicia, no incluya ninguna en Vigo.
En este caso, el dato es correcto. Las diez viviendas correspondientes a la provincia de Pontevedra se distribuyen entre Poio y Lalín. La ciudad olívica no figura en esta nueva oferta.
Sin embargo, Sánchez omite que Vigo sí fue incluida en la convocatoria piloto anterior de la entidad estatal. Casa 47 incorporó entonces 67 viviendas procedentes de la Sareb, distribuidas en dos promociones de la ciudad.
Esos inmuebles se ofrecieron a un precio de 8,8 euros por metro cuadrado, aproximadamente un 35% por debajo del mercado libre, con una renta media estimada de 662 euros mensuales. La convocatoria abrió su inscripción en diciembre de 2025.
Por tanto, no es correcto afirmar que la aportación de Casa 47 a Vigo sea cero. Lo que sí puede decirse es que la última convocatoria no reserva nuevos pisos para la ciudad.
Tampoco se trata de viviendas construidas por el Ayuntamiento. Son parte del parque estatal de alquiler asequible y proceden del patrimonio de la Sareb. Una distinción necesaria en un debate en el que las administraciones tienden a atribuirse los anuncios y a responsabilizar a las demás de los resultados pendientes.
Peinador, a la cola en pasajeros, pero el único que crece en octubre
La presidenta popular también ha cuestionado la satisfacción de Caballero con las estadísticas de Peinador. En este punto, sus cifras son correctas: el aeropuerto vigués registró 95.956 pasajeros en octubre, frente a los 100.512 de Alvedro y los 263.677 de Lavacolla.
En el acumulado de enero a octubre, Peinador contabilizó 934.949 viajeros, por debajo de los 1.179.865 de A Coruña y los 2.068.100 de Santiago. Es el aeropuerto gallego con menor tráfico, tanto en el último mes como en el conjunto del año.
Pero la comparación de Sánchez deja fuera otro dato relevante: Vigo fue el único de los tres aeropuertos gallegos que creció en octubre. Peinador aumentó sus pasajeros alrededor de un 6% respecto al mismo mes de 2025, mientras Alvedro perdió un 13,8% y Lavacolla un 4,7%.
En el acumulado anual, el aeropuerto vigués también mantiene un crecimiento del 1,4%. A Coruña presenta un balance más favorable, con un aumento del 9,5%, mientras Santiago registra una caída cercana al 25%, aunque en su caso hay que tener en cuenta que permaneció cerrado durante 28 días en mayo por las obras de la pista.
Los datos permiten sostener dos realidades al mismo tiempo: Peinador sigue siendo el aeropuerto más pequeño de Galicia y su conectividad constituye un problema estructural, pero su evolución en octubre fue mejor que la de sus dos competidores.
La discusión sobre cómo conseguir más vuelos tampoco puede resolverse únicamente comparando pasajeros. Como publicó vigoalminuto tras la feria Routes World de Frankfurt, tanto el Concello como la Diputación mantuvieron contactos con compañías aéreas, pero acudieron sin presentar una estrategia conjunta conocida.
La Diputación identificó París, Londres, Milán y Frankfurt como destinos con potencial comercial y anunció contactos con seis aerolíneas. El Concello, por su parte, citó Londres, París, Alicante y Sevilla entre las conexiones que le interesan, aunque no hizo públicos los nombres de las compañías con las que había negociado.
El programa provincial contempla 200.000 euros por cada nueva ruta, a los que se suman 100.000 euros de la Xunta durante el primer año y las bonificaciones de Aena. La Diputación ha reservado inicialmente 400.000 euros para 2027.
La existencia de incentivos y reuniones, sin embargo, todavía no garantiza nuevas conexiones. El reto es conseguir que las aerolíneas apuesten por Vigo y que los vuelos tengan demanda suficiente para mantenerse cuando desaparezcan las ayudas iniciales.
El Mundial: una reunión pendiente y 107,5 millones sobre la mesa
La última parte de la intervención de Luisa Sánchez se centró en la candidatura de Vigo al Mundial de 2030. La presidenta del PP reprocha a Caballero que todavía no haya convocado la reunión con las administraciones implicadas, pese a que el presidente de la Diputación, Luis López, había aceptado sentarse a negociar.
El encuentro seguía pendiente a mediados de noviembre, aunque el retraso no puede analizarse sin atender al enfrentamiento previo entre ambas instituciones.
Como publicó vigoalminuto, la Diputación aceptó el 7 de noviembre celebrar una reunión durante la semana siguiente, pero reclamó antes conocer el destino de los 107,5 millones de euros que el alcalde calcula que costarán las actuaciones pendientes para completar la candidatura.
La cifra no corresponde a una inversión aprobada ni a un compromiso financiero de las tres administraciones. Es el presupuesto incluido en un borrador de convenio remitido por Caballero a la Xunta y a la Diputación, con la propuesta de que cada una aporte un tercio.
La mayor partida, 86,72 millones de euros, corresponde a la ampliación de la grada de Tribuna de Balaídos. Otros 11,73 millones se reservan para infraestructuras deportivas y 9,1 millones para obligaciones organizativas de la sede.
Luis López ha defendido que la Diputación está dispuesta a negociar, pero considera imprescindible conocer los proyectos técnicos, los plazos, las actuaciones previstas y el estado de tramitación de las inversiones antes de comprometer dinero público. Según denunció, la documentación facilitada hasta ahora se limita a dos páginas con tablas e importes.
Caballero, por su parte, ha insistido en que las administraciones deben comprometerse a financiar las obras y ha reprochado a la Diputación y a la Xunta su falta de entusiasmo. También ha cuestionado la respuesta del presidente provincial después de recibir su carta.
La Xunta ha aceptado participar en la reunión, pero reclama que esté presente el Gobierno central. El alcalde no comparte esa condición y defiende que la financiación de las obras de los estadios debe corresponder a las tres administraciones que plantea en su convenio.
La reunión es necesaria y el tiempo juega en contra de la candidatura. Pero la cuestión no es solamente cuándo se sentarán los representantes políticos, sino si el Concello dispone de proyectos, calendarios y presupuestos suficientemente definidos para justificar una operación de más de 107 millones de euros. Vigo todavía no tiene garantizada la designación definitiva como sede del Mundial.
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