A.I. | vigoalminuto
El Gobierno municipal de Vigo sigue sin explicar qué ha provocado la suspensión del concurso del transporte urbano, valorado en 470 millones de euros. En lugar de aclarar las circunstancias que han llevado a paralizar el procedimiento, el alcalde, Abel Caballero, ha evitado responder a los periodistas y se ha remitido al mensaje cerrado del portavoz municipal, Carlos López Font, enviado por audio a los medios y sin posibilidad de preguntas, en el que defiende la confidencialidad del expediente y advierte a la oposición de las consecuencias de revelar información reservada.
La intervención de López Font no concreta qué ha ocurrido en el procedimiento, qué aspecto de las ofertas requiere aclaración, qué ha motivado la decisión de suspenderlo ni cuándo podrá reanudarse. El portavoz del Gobierno local se limita a asegurar que el Concello está actuando conforme a la legislación de contratación pública y que parte de la documentación tiene carácter confidencial.
«El Ayuntamiento de Vigo publicó la suspensión de la licitación del procedimiento de contratación del servicio de transporte urbano de viajeros en autobús de acuerdo y en los términos de la ley», señaló López Font.
En esta línea, el responsable local sostiene que el área de Contratación está aplicando las normas relativas a la suspensión del procedimiento, la publicación de la decisión, la solicitud de información adicional a los licitadores y el deber de confidencialidad.
Pero esa explicación jurídica no responde a la cuestión que plantean los grupos de la oposición: por qué se ha llegado a este punto en una licitación que ya había avanzado hasta la valoración de las ofertas técnicas y la apertura de las económicas.
López Font ha advertido a la oposición de que no puede utilizar información confidencial de los expedientes de contratación para plantear públicamente posibles irregularidades.
«Lo que sería preocupante y grave es el incumplimiento de la ley y la infracción de los anteriores principios», afirmó.
El portavoz recordó que los miembros de la corporación están prevenidos de la existencia de información confidencial y citó la propia documentación del expediente, donde figura la advertencia de que parte de su contenido ha sido omitido por estar protegido por la Ley de Contratos del Sector Público.
«Cualquier actuación de la oposición con información confidencial en licitaciones públicas sobre supuestos indicios de prácticas de las empresas será responsabilidad de quien las revele«, concluyó.
El BNG exige saber qué ha ocurrido…
El BNG considera insuficiente la respuesta del Gobierno municipal y ha reclamado la convocatoria extraordinaria y urgente de la Xunta de Portavoces para que el Ejecutivo explique las razones de la suspensión.
Su portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, ha calificado de «sorprendente e moi preocupante» que la decisión se haya comunicado mediante un documento de apenas dos líneas, sin explicar los motivos concretos ni identificar quién tomó la decisión dentro del Gobierno municipal.
El nacionalista ha puesto el foco en el momento en el que se produce la paralización. El procedimiento ya había alcanzado una fase avanzada: se había recibido el informe de valoración del sobre B, correspondiente a las propuestas técnicas de las empresas, y también se conocía la propuesta económica incluida en el sobre C.
Igrexas cuestiona que la necesidad de solicitar aclaraciones a los licitadores justifique por sí misma la suspensión. Según recuerda el BNG, en febrero ya se habían pedido aclaraciones dentro del mismo procedimiento sin que fuese necesario paralizarlo.
El portavoz nacionalista también ha denunciado retrasos acumulados durante la tramitación del concurso y ha señalado que algunos pasos administrativos llegaron a superar hasta once veces el plazo previsto para la emisión de informes.
El BNG considera además irregular que la suspensión no haya sido comunicada en la Mesa de Contratación. La última reunión de este órgano para esta licitación se celebró el 17 de julio y, según Igrexas, la suspensión tampoco figura entre los asuntos previstos para la próxima sesión, convocada para el 1 de octubre.
El grupo nacionalista ha anunciado que solicitará acceso a toda la documentación relacionada con la decisión.
«O Goberno municipal debe aclarar que está a pasar, para non alimentar rumores nin desinformacións que poidan alterar o procedemento de contratación», ha reclamado Igrexas.
…y plantea incluso recuperar la gestión pública
Igrexas ha aprovechado la situación para volver a defender que el Concello estudie la remunicipalización del transporte urbano en lugar de culminar una nueva concesión.
El portavoz del BNG considera que la paralización del concurso debería servir para replantear el modelo de gestión del servicio y ha defendido abordar el futuro del autobús «co máximo rigor, seriedade e responsabilidade fronte ao regate en curto doutros».
El Bloque sostiene desde hace años que una nueva concesión prolongaría durante otros nueve años un modelo que considera insuficiente y reclama un sistema con más frecuencias, mejores horarios, un nuevo mapa de líneas, tarifas más bajas y una mayor conexión con otros medios de transporte.
«A fin da concesión nefasta de Vitrasa é unha oportunidade para dotar a Vigo dun autobús á altura da maior cidade de Galiza: con máis frecuencias, mellores horarios, un novo mapa de liñas , tarifas máis baixas e unha verdadeirа conexión intermodal», defendió Igrexas.
Para el BNG, la situación actual abre la posibilidad de replantear el modelo antes de adjudicar uno de los mayores contratos de la historia del Ayuntamiento.
El PP pregunta por un informe de Competencia
En otro sentido, el Partido Popular ha planteado otra cuestión concreta al Gobierno local. Su presidenta y portavoz municipal, Luisa Sánchez, reclama saber si la suspensión está relacionada con un informe solicitado al Instituto Galego da Competencia sobre la posible existencia de indicios de prácticas colusorias entre empresas participantes en el concurso.
Sánchez sostiene que el servicio municipal de Contratación habría solicitado ese informe en agosto y que el documento habría llegado al Ayuntamiento el 8 de septiembre. El PP reclama al Gobierno municipal que confirme o desmienta públicamente ambos extremos.
«¿Acaso no es cierto que el servicio de contratación solicitó en agosto un informe al Instituto Galego de la Competencia sobre una posible existencia de indicios de prácticas colusorias en este procedimiento? ¿Acaso no es cierto que dicho informe del Instituto Galego de la Competencia obra en poder del Concell desde el 8 de septiembre?», preguntó Sánchez.
La portavoz popular sostiene que esas son las preguntas que debería responder el alcalde o el concejal responsable del contrato.
«Decir que ‘las propuestas de los licitadores son complejas y que es necesaria una aclaración por su parte’ es lo mismo que no decir nada. Lo que hay que explicar es qué está pasando realmente», afirmó.
El PP asegura que las referencias a posibles prácticas colusorias proceden de la documentación que, según su versión, figura en el gestor de expedientes municipal. Hasta ahora, el Gobierno local no ha confirmado públicamente que existan esas prácticas ni que el informe de Competencia sea la causa de la suspensión.
Sánchez ha anunciado que, si el Ejecutivo no ofrece explicaciones, su grupo solicitará la comparecencia del concejal de Fomento, Javier Pardo, en la Comisión Informativa de Seguridad, Contratación, Fiestas y Gestión Municipal.
«Debe aclarar qué va a pasar a partir de ahora y cuándo se va a adjudicar ese contrato», reclamó.
Un contrato de 470 millones … que podría alargarse hasta después de las Elecciones Municipales
La controversia se produce en torno a uno de los contratos de mayor cuantía del Ayuntamiento de Vigo. El nuevo concurso del transporte urbano tiene un valor estimado de unos 470 millones de euros y debe determinar las condiciones de prestación del servicio durante los próximos años, después de la prolongación de la actual concesión de Vitrasa.
La licitación se encuentra ya en una fase avanzada, con las propuestas técnicas valoradas y las económicas conocidas. Precisamente por eso, tanto el BNG como el PP consideran necesario que el Gobierno municipal explique qué circunstancia ha obligado ahora a detener el procedimiento.
El Ejecutivo de Caballero, sin embargo, no ha dado detalles sobre el contenido de las aclaraciones solicitadas a las empresas ni sobre la naturaleza de la información que permanece bajo confidencialidad.
La discusión queda así atrapada entre dos posiciones: el Gobierno municipal sostiene que debe respetarse escrupulosamente la confidencialidad del expediente y la legislación de contratación; la oposición reclama que esa confidencialidad no impide explicar políticamente por qué se ha suspendido un contrato de 470 millones y qué pasos piensa dar ahora el Ayuntamiento.
Mientras tanto, tampoco existe una fecha pública para la reanudación del concurso, lo que ha disparado las sospechas de que el procedimiento se alargue y se resuelva -dado lo controvertido y la mala opinión de los ciudadanos sobre el transporte urbano – después de las Elecciones Municipales convocadas para mayo de 2017, evitando un desgaste a Abel Caballero.
Además, la falta de explicaciones ha alimentado las sospechas, expresadas por la oposición, sobre una eventual relación entre la suspensión y posibles problemas de competencia entre las empresas licitadoras. Esas sospechas no han sido confirmadas por el Ayuntamiento, que hasta ahora ha optado por no entrar en el fondo de las cuestiones planteadas y centrar su respuesta en la confidencialidad.
El resultado es que, un día después de conocerse la suspensión, la principal incógnita continúa abierta: ¿qué ha ocurrido dentro del procedimiento para que el Concello haya decidido detenerlo cuando la licitación se encontraba ya en una fase decisiva?
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