El alcalde dice que puede cortar el agua a Baiona y Nigrán y la Xunta avisa de que intervendrá para garantizar el suministro

Caballero reivindica que la ciudad está utilizando recursos de Eiras para liberar agua de Zamáns

A. Buendía | Vigo Al Minuto

La disputa por el abastecimiento de agua en el área de Vigo ha alcanzado un punto especialmente delicado. Abel Caballero ha asegurado que el Concello puede dejar de suministrar agua a Baiona y Nigrán desde mañana, aunque no ha anunciado que vaya a hacerlo. El alcalde ha utilizado esa posibilidad para defender que Vigo está realizando un esfuerzo extraordinario para garantizar el suministro de los municipios vecinos durante el actual episodio de escasez.

«Yo puedo parar mañana el abastecimiento a Nigrán y a Baiona», ha afirmado Caballero. Según su explicación, Vigo está modificando su propio sistema de abastecimiento para reservar agua de Zamáns y destinarla a los municipios del Val Miñor.

La respuesta de la Xunta ha sido inmediata. La delegada del Gobierno gallego en Vigo, Ana Ortiz, ha advertido de que Augas de Galicia intervendría para garantizar el suministro si el alcalde mantiene esa posición.

«Abel Caballero sabe o debería saber que el agua no es de su propiedad. La agua es un bien público y el abastecimiento a la población es una obligación incompatible con la arbitrariedad de un alcalde que pretende utilizarla como instrumento de confrontación política», ha señalado Ortiz.

La representante autonómica ha añadido que el alcalde se está sirviendo «de forma totalmente insolidaria» de un contexto de escasez para atribuirse la capacidad de decidir «quién puede tener agua y quién no». Y ha concluido: «De persistir en su actitud amenazante, sería Augas de Galicia quien intervendría con la ley en la mano para garantizar el suministro a Baiona y a Nigrán».


Vigo libera agua de Zamáns para atender al Val Miñor

El Concello de Vigo comenzó esta semana a suministrar agua a Baiona después de que el municipio solicitase ayuda ante sus dificultades de abastecimiento. La operación consiste en utilizar recursos del sistema de Eiras para abastecer determinadas zonas de Vigo mediante bombeo y reducir así el consumo de Zamáns, de donde se obtiene el agua que se envía hacia Baiona y que también permite atender a Nigrán.

Caballero sostiene que esta reorganización permite disponer de más recursos de Zamáns para atender al Val Miñor. El alcalde ha subrayado que el bombeo tiene un coste económico, pero en sus declaraciones no ha precisado que ese coste lo asume el Concello de Baiona.

El episodio se produce en un contexto de escasez que la Xunta viene siguiendo desde julio. Augas de Galicia mantiene para el subsistema de Baiona medidas equivalentes a un escenario de alerta por escasez severa. La decisión se adoptó en agosto y se mantiene actualmente.

Los datos explican la preocupación. A comienzos de septiembre, Baíña se encontraba en torno al 28% de su capacidad, mientras Eiras estaba al 62,65% y Zamáns al 50%. La situación de Baiona es especialmente sensible porque su abastecimiento depende de un sistema con menos margen de reserva.


El conflicto no empieza con Baiona

La discusión actual forma parte de un enfrentamiento más amplio entre Vigo y la Xunta sobre la gestión del agua. Caballero acusa al Gobierno gallego de exigir a los ayuntamientos que reduzcan sus pérdidas mientras, según sostiene, no realiza las inversiones necesarias para garantizar el abastecimiento.

La Xunta sostiene exactamente lo contrario. El director de Augas de Galicia, Roi Fernández, afirmó la semana pasada en el Parlamento que las pérdidas de la red municipal de Vigo superan el 20%, apoyándose en el propio Plan Municipal de Emergencias y Riesgo de Sequía de la ciudad. El Concello rechaza ese cálculo y sitúa las pérdidas en el 6,3%.

Fernández añadió otro dato que Caballero no menciona en sus declaraciones sobre Baiona: Augas de Galicia ofreció hace dos años una inversión de 6,5 millones de euros para actuaciones en Sárdoma y, según el organismo autonómico, el Concello de Vigo renunció a ella. El responsable de Augas también reprochó al Ayuntamiento que no haya respondido a una petición posterior para reactivar proyectos de áreas de inundación controlada.

El Gobierno gallego utiliza esos antecedentes para cuestionar la idea de que Vigo esté siendo abandonado en materia de infraestructuras hidráulicas. Caballero, por su parte, sostiene que la Xunta debería asumir actuaciones supramunicipales y reclama desde hace tiempo nuevas infraestructuras para aumentar la garantía de suministro del área.


Baiona tiene una inversión autonómica en marcha

Hay otro elemento que queda fuera del relato del alcalde. La Xunta y el Concello de Baiona firmaron en junio un convenio para modernizar la estación de tratamiento de agua potable del municipio con una inversión de 2,7 millones de euros. Augas de Galicia aporta el 80% de esa cantidad, mientras el Ayuntamiento asume el 20% restante. La actuación está cofinanciada con fondos FEDER y permitirá mejorar la capacidad y las condiciones de la planta.

Es una infraestructura distinta del problema inmediato que ha obligado a recurrir al suministro desde Vigo, pero resulta relevante para entender el reparto de responsabilidades que enfrenta a las administraciones.

Caballero, sin embargo, ha centrado sus críticas en la falta de una respuesta de la Xunta a la situación actual y ha citado Cangas, Moaña y Redondela como ejemplos de actuaciones que, a su juicio, está asumiendo Vigo pese a considerar que deberían corresponder a la Administración autonómica.


La Xunta no acepta que Vigo tenga la última palabra

La respuesta de Ana Ortiz introduce ahora una cuestión que trasciende el enfrentamiento político habitual entre ambas administraciones. Si Vigo decidiese dejar de suministrar agua a Baiona y Nigrán, la Xunta sostiene que actuaría para impedir que la población se quede sin abastecimiento.

La discusión se sitúa así entre dos planos diferentes. Vigo reivindica el esfuerzo que está realizando para aportar recursos a sus municipios vecinos y sostiene que puede dejar de hacerlo. La Xunta responde que el abastecimiento de la población no puede quedar sometido a una decisión unilateral del ayuntamiento que dispone de la infraestructura.


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