Gobierno autonómico y central no consiguen llegar a un punto de acuerdo. Desde que Alberto Núñez Feijóo se puso al mando de la Xunta en marzo de 2009, el índice de conflictividad constitucional con el gobierno de Zapatero ha ido en aumento, con 8 conflictos en tan sólo 10 meses frente a los 13 formulados por el Gobierno del Bipartito en toda su legislatura. El último, el tema de la Ley de Cajas.
La conflictividad ha ido en aumento en los últimos años: si durante el primer año de la coalición PSOE y BNG no se produjo ningún enfrentammiento por una cuestión de competencias, en 2007 ya se registraron 5 y en 2008 otros seis. El año pasado el número de encontronazos ya se elevó a 10.
El recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria por el tema de la fusión de las cajas gallegas es el que más ha ahondado en una relación en constante crisis sobre todo por la diferencia de colores. Un tema sobre el que dialogarán el 16 de febrero en una reunión bilateral en la que también se tratará la competencia de la Ley de Cajas.
Intentando convencer
En los 10 meses que lleva de Gobierno en la Xunta, los populares han intentado convencer al Estado de que las ayudas para el desarrollo municipal de programas de integración de inmigrantes, las subvenciones para alumnos con necesidades especiales o decretos como el de ordenación del sector pesquero y la adaptación al Fondo Europeo de Pesca invaden sus competencias como comunidad autónoma.
El Tribunal Constitucional falló a favor de la Xunta en cinco de los ocho requerimientos puestos el año pasado, como ocurrió con el interpuesto contra el decreto estatal que regula la gestión de los residuos de las industrias extractivas.
Además, la Xunta ha creado una comisión para seguir las normativas estatales y de otras comunidades para garantizar las competencias de la Administración gallega.
