Un protocolo para proteger a las víctimas de explotación sexual de las mafias y facilitarles si las denuncian el permiso de residencia en caso de estar en situación irregular. Xunta y Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaban de firmar un convenio para llevar a cabo el ‘Protocolo de actuación institucional sobre adopción de medidas de prevención, investigación y tratamiento a las mujeres víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual’, a través del que Galicia contará con instrumentos para “una adecuada asistencia a las víctimas de esta forma de esclavitud moderna”.
Este hoja de ruta subsanará algunas de las lagunas actuales, como que las denunciantes declaren lo contrario en el juicio por miedo o no acudan a testificar, e intentar ser más eficaces. Además de conseguir los papeles, se les reconocerán derechos asistenciales, como tratamiento médico urgente y adecuado, asistencia psicológica, seguridad y asistencia jurídica.
Y es que sólo entre 2005 y 2008 unas 234 mujeres de 16 a 40 años denunciaron en Galicia estar obligadas a participar en redes de traficantes en clubs de alterne, según datos de la Xunta. Y las circunstancias van cambiando: la presión policial ha sacado la prostitución de calles y clubes para llevarlas a viviendas privadas cuando han pasado los tres meses legales de estancia como turista y alejarlas del control policial.
En los clubes de alterne la gran mayoría de las mujeres registradas están en situación regular al ser comunitarias o haber regulado su situación en España. Entre las sin papeles, el 70 por ciento procede de Brasil, uno de los pocos países de Latinoamérica a los que no se le solicita visado de entrada en la Unión Europea. La mayoría de las víctimas entra en la península a través de los aeropuertos gallegos.
