Carlos Díaz | vigoalminuto
El contrato del autobús urbano de Vigo tiene un horizonte cada vez más cercano y, por ahora, demasiadas incógnitas. La concesión actual funciona mediante una prórroga forzosa que terminará en junio de 2027, mientras que la nueva licitación, valorada en 470 millones de euros para la próxima década, está suspendida desde el pasado 28 de septiembre. Nadie ha aclarado todavía cuándo se retomará el procedimiento ni cómo piensa el Concello resolver el futuro del servicio.
La situación preocupa también a los trabajadores: sus representantes han denunciado un aumento de la precariedad y un deterioro del transporte público que relaciona con la negativa de la concesionaria a introducir mejoras mientras no se resuelva la incertidumbre sobre el contrato. Apuntan a que la empresa estaría utilizando precisamente el bloqueo del procedimiento como argumento para aplazar esos cambios.
Sobre este escenario ha vuelto a pronunciarse la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, que exige a Abel Caballero explicaciones sobre la suspensión de la licitación y sus consecuencias. «Desbloquear la licitación y aportar seguridad jurídica es ahora mismo lo más importante y debería ser una prioridad para dar certezas a las empresas, a los trabajadores y a los usuarios», sostiene.
La dirigente popular considera especialmente grave que el Ayuntamiento no haya explicado qué pasos piensa dar para desbloquear un concurso de esta dimensión. La licitación quedó suspendida después de que se denunciasen posibles indicios de prácticas colusorias, una circunstancia que afecta al procedimiento de adjudicación de uno de los contratos municipales de mayor cuantía.
El contrato actual tiene fecha de caducidad
El problema va más allá del retraso administrativo. La concesión se encuentra en una prórroga forzosa por un máximo de dos años, que vence en junio de 2027. A partir de ese momento, el Ayuntamiento tendrá que haber resuelto la adjudicación del nuevo contrato o encontrar una fórmula que garantice la continuidad del servicio.
«No sabemos qué es lo que va a pasar a partir de entonces, y tenemos derecho a saberlo», advierte Sánchez. El PP reclama que el concejal responsable del área, Javier Pardo, comparezca para explicar la situación y el calendario que maneja el gobierno local.
Desde la suspensión, anunciada el 28 de septiembre, los populares han solicitado tanto una comparecencia pública como explicaciones en el Pleno municipal. Según denuncia Sánchez, el Gobierno local ha impedido que el edil responsable dé cuenta de este asunto ante la Corporación.
La presidenta del PP también dirige sus críticas al alcalde, al que acusa de evitar dar explicaciones sobre un procedimiento que afecta directamente a los usuarios del transporte urbano. «¿Por qué tiene miedo a decir lo que está pasando? ¿Acaso tiene algo que esconder?», pregunta.
Sánchez vincula además las quejas de los trabajadores con lo que considera una falta de control municipal sobre la concesionaria y califica de «auténtico desastre» la gestión política del transporte urbano durante los años de gobierno de Caballero.
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