Así lo han asegurado los responsables de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), tras anunciar que este lunes suspenden su colaboración con el Servicio de Salud de Aragón. Esto significa que, desde ahora, no prestarán esta cobertura para la sanidad pública de aquella comunidad que, recalcaron, les debe más de 800.000 € y se ha negado a llegar a una “salida viable” o a presupuestar partida alguna para pagar a los mismos en las cuentas de 2012.
ACAI recalca que, «en estos momentos las deudas que diversos gobiernos autónomos tienen contraídas con las clínicas están asfixiando económicamente a los centros, abocándolos al cierre, lo que supondría dejar sin el recurso de aborto a más de 100.000 mujeres en nuestro país».
Para intentar llegar a un acuerdo, los centros se reunieron con la directora general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia, Sagrario Pérez, quien, según ACAI, se negó a tratar el asunto asegurando que “no era el momento” puesto que este servicio “funciona con normalidad”. Fue en la misma reunión, según aseguran las clínicas, cuando se les informó que Sanidad no descarta sacar el aborto de la cartera de servicios básicos ya que “tiene previsto analizar cómo se está aplicando la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo”.
Y además: La ministra de Sanidad comunica al Congreso el final de la actual Ley del Aborto; El Gobierno reformará la Ley del aborto sin esperar a lo que diga el Tribunal Supremo; Gallardón, «hay una violencia de género estructural que obliga a abortar»
