Convocan una huelga de compras en los supermercados los miércoles antes del 11N

Carlos Díaz | vigoalminuto

La subida del alquiler y el precio de los alimentos llega a los bolsillos por partida doble. Para denunciarlo, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), Justicia Alimentaria y Facua han convocado una huelga de compras en supermercados, hipermercados y grandes cadenas comerciales los dos miércoles previos a la huelga general por la vivienda y el coste de la vida del próximo 11 de noviembre.

El llamamiento afecta a este miércoles, 28 de octubre, y al 4 de noviembre. Las tres organizaciones piden a la ciudadanía que evite comprar en las grandes superficies durante esas jornadas como medida de presión contra el encarecimiento de los productos básicos y los beneficios de las grandes distribuidoras. Para el 11N, la convocatoria plantea una paralización total del consumo, tanto en establecimientos físicos como a través de internet.

La iniciativa pretende ofrecer una vía de protesta a quienes no pueden secundar una huelga laboral. «La huelga de compras es la huelga de quien no puede hacer huelga en el trabajo», explican los promotores, que animan a participar a trabajadores precarios, autónomos, personas desempleadas, pensionistas, estudiantes y cuidadoras.

Llamamiento al comercio de proximidad

Los colectivos subrayan que la protesta de los miércoles no se dirige contra el pequeño comercio ni contra las trabajadoras de los supermercados, a quienes invitan a sumarse a la huelga general. En su lugar, recomiendan trasladar las compras a mercados municipales, tiendas de barrio, cooperativas y canales de venta directa de productores.

El 11 de noviembre, añaden, los establecimientos de proximidad también podrán participar mediante el cierre de sus negocios.

Las organizaciones justifican la movilización con un diagnóstico común: trabajar ya no garantiza llegar a fin de mes. Denuncian que el alquiler absorbe una parte creciente de los salarios mientras la alimentación sigue encareciéndose y los grandes operadores obtienen beneficios con bienes esenciales.

Según los datos que manejan los convocantes, la cesta de la compra cuesta actualmente más de un 40% más que en 2019, mientras que el salario medio ha aumentado un 21,9% en el mismo periodo. También señalan que la inflación general cerró septiembre en el 4,9%.

Rebajar los alquileres y limitar los márgenes comerciales

Entre sus principales reivindicaciones figura una reducción del 50% de los alquileres, vinculada a los ingresos de los hogares, además de controles de precios en la alimentación, la energía y el transporte.

Justicia Alimentaria reclama una cesta de productos básicos a precios asequibles y defiende que la rebaja recaiga sobre los beneficios de las grandes distribuidoras, no sobre los ingresos de quienes producen los alimentos.

Facua, por su parte, pide establecer límites a los márgenes de beneficio de las grandes cadenas e implantar un sistema de doble etiquetado que permita conocer cuánto se paga al productor en origen y cuánto abona finalmente el consumidor.

«El casero y el patrón nos aprietan por los dos lados. Y en la caja del súper, también. Si dejamos de comprar al mismo tiempo, lo notan», sostiene Aldo Reverte, representante de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas.

El director de Justicia Alimentaria, Javier Guzmán, resume el objetivo de la protesta con otra de las consignas de la convocatoria: «Comer no puede ser un privilegio». La organización insiste en que cualquier reducción de los precios debe salir de los márgenes de la gran distribución y no trasladar más presión económica a los productores.