A.I. | vigoalminuto
Junts per Catalunya votará este viernes en contra de los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez si el Ejecutivo mantiene los textos en el Congreso. La decisión, adoptada por unanimidad por la ejecutiva del partido reunida este jueves por la noche, coloca a los siete diputados de Junts junto al PP, la derecha extrema y UPN, que también han anunciado su rechazo a las iniciativas.
La formación independentista había reclamado al Gobierno que retirase ambos decretos y elaborase un nuevo texto. El Ejecutivo ha rechazado esa petición y mantiene la votación prevista para este viernes, por lo que Junts ha confirmado que sus diputados votarán en contra.
La decisión resulta especialmente relevante para el primero de los decretos, cuyo resultado dependía en buena medida de la posición de Junts. El PNV había anunciado su apoyo, aunque de forma crítica, y Coalición Canaria estaba dispuesta a respaldarlo. Con el rechazo de Junts, el Gobierno pierde los votos necesarios para garantizar su convalidación.
Desahucios, alquileres y pisos turísticos
El primer decreto concentra la mayor parte del paquete de medidas. Entre ellas figura la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2030 de la protección frente a los desahucios de personas vulnerables, así como medidas para limitar determinadas operaciones especulativas sobre vivienda hasta finales de 2028.
El texto también regula los alquileres de temporada y por habitaciones, establece un IVA del 10% para los pisos turísticos e incorpora deducciones fiscales para los inquilinos y bonificaciones para pequeños propietarios.
El segundo decreto consta de un único artículo y establece la renovación automática de determinados contratos de alquiler, una medida que ya contaba con el rechazo anunciado del PNV y de Coalición Canaria, además del de PP, la derecha extrema, UPN y Junts.
La derecha catalana cuestiona el efecto de las medidas
La dirección de Junts sostiene que buena parte de las medidas pueden producir un efecto contrario al perseguido. Según sus argumentos, la regulación puede reducir la oferta de alquiler, elevar los precios y dificultar el acceso a la vivienda de las personas con menor capacidad económica.
La formación también cuestiona que los decretos permitan frenar la actividad de los denominados fondos buitre y mantiene como una de sus principales líneas rojas la protección de los pequeños propietarios.
Junts defiende que, cuando un propietario no pueda desahuciar a un inquilino vulnerable por impago, sea la Administración y no el propietario quien asuma el coste. La formación considera además que algunas de las medidas equivalen, en su formulación, a una expropiación del ahorro acumulado por familias propietarias durante generaciones.
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