Los médicos de familia del Servizo Galego de Saúde (SERGAS) podrán recibir incentivos económicos vinculados a la duración de las bajas laborales de sus pacientes. La medida figura en los Acuerdos de Gestión que el SERGAS firma con cada una de las áreas sanitarias gallegas y supone la incorporación, por primera vez, de los tiempos de incapacidad temporal como uno de los criterios para evaluar objetivos y determinar el complemento de productividad.
“Duración estándar”
Según la información conocida, cada proceso de incapacidad temporal cuenta con una denominada “duración estándar”. El nuevo criterio busca evitar que las bajas superen esos tiempos de referencia establecidos para cada patología o proceso médico.
Los Acuerdos de Gestión recogen distintos indicadores que influyen en la evaluación anual de objetivos, entre ellos programas de cribado, investigación o prescripción farmacéutica. A partir de este año, la duración de las incapacidades temporales pasa a formar parte de esos parámetros.
Fuentes consultadas explican que el cumplimiento de cada objetivo tiene un peso específico dentro de la valoración global que determina el pago del complemento de productividad a final de año.
Dificultad de medición
Sin embargo, profesionales sanitarios apuntan a la dificultad de medir este aspecto de forma homogénea, ya que la evolución de cada paciente puede variar y existen factores ajenos al médico de familia que pueden prolongar una baja laboral, como listas de espera, pruebas diagnósticas o derivaciones a especialistas.
La medida ha provocado críticas por parte de la oposición. PSdeG y BNG denunciaron este jueves que la Xunta pueda introducir incentivos vinculados a la duración de las bajas y advirtieron del riesgo de generar presión sobre las decisiones clínicas.
Desde el BNG se habló de una “campaña de criminalización” de los trabajadores de baja, mientras que el PSdeG calificó la iniciativa como una “deriva peligrosa”. Por su parte, el PPdeG defendió que el actual sistema de gestión de incapacidades temporales presenta problemas estructurales y enmarcó la medida dentro de un plan de choque impulsado por la Xunta.
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