El juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vigo ha dictado un auto ordenando, con fecha 9 de abril, ordenando al Gobierno local a cumplir las sentencias que anularon el decreto de Refuerzos, impuesto a los Bomberos.
En el auto, el juez apercibe de la imposición de multas coercitivas a los funcionarios y autoridades responsables de incumplir las sentencias.
Deniega el último recurso al Concello
Los sindicatos del Concello indican que el juez ordena al Gobierno municipal a cumplir, en sus términos, las sentencias firmes que recayeron “contra sus actuaciones ilegales”. Para los representantes de los trabajadores el Gobierno municipal “intentó por última vez seguir imponiendo los decretos ilegales a través de un incidente de ejecución”. Ahora el juez lo desestima y obliga al Concello a dejar sin efecto esos decretos.
Es el Gobierno local el que tiene que resolver el grave problema de personal
Según indica el juez en su auto, el juzgado no es el que tiene que dar solucione el gravísimo problema de la falta de personal: tiene que hacerlo el Concello. Así mismo, el juez subraya que “no es correcto, como concluye la sentencia apelada, que se proceda, sin más, a autorizar al jefe de Servicio de manera genérica a suspender los descansos del personal”.
Acusan a la concejala de Seguridad y Personal de perder tiempo y negarse a negociar
Los representantes sindicales apuntan a que la concejala de Seguridad y Personal, Elena Espinosa, “responsable directa de la solución de los problemas del Servicio de Bomberos ,sabiendo cual iba a ser la resolución judicial, prefirió negarse a negociar y seguir perdiendo el tiempo”.
Ello se transformó en “dos años de sentencias en contra del Concello y un gasto infame de dinero público en procesos judiciales, para intentar ganar tiempo y no solucionar el problema”.
