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El fiscal general se querellará por el delito de rebelión contra Puigdemont, su Govern, Forcadell y la Mesa del Parlament

La Fiscalía General del Estado se querellará contra el president depuesto de la Generalitat, su vicepresidente y el resto del Govern, tras la declaración de la república catalana y la independencia aprobada por el Parlament.

Además de los consellers, Puigdemont y Oriol Junqueras, el fiscal general José Manuel Maza, acusará del delito de rebelión a la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa de la misma que el pasado viernes 27 permitieron que se tramitara la declaración de independencia.

Lo que no podrá hacer el Fiscal es ampliar su querella contra todos los parlamentarios que participaron en la sesión, se lo impedirá el hecho de que la votación de independencia fuese secreta y en urna, lo que hace imposible identificar a los parlamentarios que votaron “sí” a la misma.

La dificultad ahora es que los hechos encajen en la consideración del delito de rebelión puesto que, como establece el Código Penal, requiere que los acusados se alzasen “violenta y públicamente”-ambas circunstancias– para “1º.-derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución; 2.º Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad; 3.º Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos; 4.º Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias; 5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional; 6.º Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad; 7.º Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno”.  

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