En España, más de 6 millones de hipotecas podrían contar con una cláusula que impone al usuario todos los gastos de constitución y formalización de las hipotecas, que solo en 2015 supusieron un desembolso de 450 millones de euros para los consumidores y que el año pasado fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo.
Se trata de un cálculo hecho por la Organización de Consumidores y Usuarios, que ha arrancado una campaña para reclamar la devolución de estos gastos por tratarse de cláusulas «abusivas» y «nulas» después de que la sentencia del Supremo marcara que eran las entidades financieras las que debían asumir esos gastos.
