La reforma de la Ley de Montes que aprobará el Gobierno dejará 27,7 millones de hectáreas, más de la mitad de todo el territorio del Estado, a su suerte. Y es que deja sin regulación el entorno forestal y limita la vigilancia mediambiental: los agentes forestales dejan de ser auténticos policías para transformarse en un simple grupo de preservación del medio. Dicho de otra manera: casi el 55% de toda la superficie española- la tercera masa de árboles de toda la Unión Europea- y la mitad de todos los pastos de y matorral de Europa quedan a merced de la especulación y sin protección pública.
¿Las pruebas? La primera: se elimina la prohibición de construir en terrenos quemados- ahora está prohibido hacerlo durante los 30 años siguientes al incendio- lo que abre las puertas de par en par a los pirómanos que además de arrasar el monte pretenden, después, hacerse ricos con el terreno quemado- la ministra responsable de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, mano derecha del anterior titular de la cartera, el ahora comisario europeo Miguel Arias Cañete, lo ve de otra manera: la nueva norma pretende evitar que, por ejemplo, un propietario incendie su finca para evitar una expropiación.
La segunda: se excluye la necesidad de pedir autorizaciones para aprovechamientos maderables o leñosos a turno corto- que duren menos de 20 años- para estos casos será suficiente una ‘declaración responsable’ del dueño del terreno, eso significa que será posible plantar especies foráneas- en el caso de Galicia el eucalipto, por ejemplo- en lugar de carballo, que son de rápido crecimiento y que acabarán afectando a la mayoría de los ecosistemas.
La tercera: introduce la caza y no solo eso, sino que, de hecho pretende quitar estas competencias a la Comunidades, que la tenían hasta ahora, fomentando la caza como aprovechamiento cinegético de los montes y, ya que está, ceder a la presión de los cazadores.
