Tras múltiples modificaciones, la comunidad gallega se convierte en pionera a nivel nacional, tras reconocer la primera ley autonómica contra la discriminación de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales.
La norma ofrece garantías para evitar la discriminación del colectivo LGBTI. La medida fue impulsada la pasada legislatura por el PSdeG, que incluía un régimen sancionador que preveía multas a partir de los 150 euros, según la tipología de sanción. Tras la modificación por el PP, la iniciativa obtuvo la abstención del grupo parlamentario de AGE y la diputada del Mixto, Carmen Iglesias, argumentando que la ley se encuentra vacía de contenido.
Otro aspecto criticado por los grupos de la oposición, reside en la exclusión de la protección frente a la discriminación de las personas intersexuales, que presentan características físicas tanto masculinas como femeninas. Finalmente, se aceptó que este colectivo formase parte del título de la actual norma.
