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Sucesos

Cuatro mujeres acusadas de falsificar certificados como víctimas de violencia de género para recibir ayudas

La Policía Nacional ha detenido a cuatro mujeres en el municipio malagueño de Vélez-Málaga por los delitos de falsedad documental y estafa al Servicio Público de Empleo, ya que, supuestamente, falsificaban certificaciones como víctimas de violencia de género para gestionar ayudas extraordinarias para personas con dificultad para encontrar trabajo y en situación de necesidad económica.

Las investigaciones, desarrolladas por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, se iniciaron con motivo de haber puesto en conocimiento de la Policía Nacional una serie de indicios sobre las actuaciones supuestamente fraudulentas llevadas a cabo por varias mujeres en dicha localidad malagueña de Vélez Málaga, según han informado desde la Comisaría provincial.

Las pesquisas policiales pudieron determinar, según han explicado desde la Policía, que una mujer, de 31 años, acogiéndose a las ayudas extraordinarias para personas con gran dificultad para encontrar trabajo y en situación de necesidad económica había tramitado expediente de Renta Activa de Inserción por ser supuesta víctima de violencia de género.

Para ello, según han manifestado las mismas fuentes a través de un comunicado, presentó una serie de certificados del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de la Concejalía de Acción Social y  Familiar del Ayuntamiento de dicha localidad. Las investigaciones policiales apuntaron a que esta mujer había tramitado iguales expedientes para otras tres mujeres.

Así, a estas mujeres «les cobraba una comisión por facilitarles la documentación y agilizar los expedientes» y de esta forma, obtuvieron la ayuda determinada por la actual legislación y que supone unos 400 € mensuales, según la Policía Nacional, apuntando que los agentes especializados comprobaron que dichas certificaciones «habían sido falsificadas en su totalidad».

Asimismo, los investigadores comprobaron que los asistentes sociales encargados de las asistencias a estas personas «no solo no habían atendido a las mismas sino que no habían expedido los imprescindibles certificados para la tramitación de los respectivos expedientes».

Las detenidas, cuatro mujeres de unos 30 años, «habían logrado obtener las citadas ayudas durante varios años, reembolsándose las cantidades económicas que asciende en algunos casos a unos 10.000 € por este procedimiento».

 

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