El Tribunal Constitucional ha impuesto a Euskadi el nuevo copago farmacéutico, que se aplica en el Estado español desde el pasado 1 de julio, por el que las personas en activo pagarán entre el 40 y el 60% de los medicamentos en función de la renta. No obstante, el alto Tribunal permite a la sanidad vasca la atención a inmigrantes sin papeles y le autoriza a facilitarles la tarjeta sanitaria.
El Consejo de Ministros decidió en julio recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto del Ejecutivo de Patxi López que impedía la aplicación del nuevo copago farmacéutico en la Comunidad Autónoma Vasca después de conocer el dictamen del Consejo de Estado que entiende que “la norma autonómica contraviene la básica del Estado”.
Por su parte, el Gobierno vasco inició su propio procedimiento para recurrir al TC el decreto estatal que introdujo el nuevo copago. El 26 de septiembre presentó sus alegaciones frente a la demanda del Ejecutivo y planteó el levantamiento anticipado de la suspensión de vigencia del decreto impugnado.
El Tribunal Constitucional mantiene “la suspensión de la vigencia del artículo 8.1 del Decreto vasco que prevé que la cobertura de la aportación de las personas usuarias a la prestación farmacéutica ambulatoria del Sistema Nacional de Salud” se hará en determinadas condiciones económicas.
En concreto, el artículo establece que, con carácter general, el porcentaje de aportación económica sería del 40% sobre el precio de venta del medicamento, mientras “con carácter singular” deja exentos de aportación a pensionistas, afectados de síndrome tóxico, perceptores de Renta de Garantía de Ingresos, parados de larga duración y usuarios con tratamientos derivados de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, entre otros.
El alto Tribunal, por el contrario, quita la razón al Gobierno central y permite al gobierno de Euskadi seguir facilitando la tarjeta sanitaria a los inmigrantes ‘sin papeles’. En este sentido, admite la argumentación del Gobierno de Patxi López sobre “el derecho a la salud y el derecho a la integridad física” de todas las personas, así como “la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad” que tienen una “importancia singular en el marco constitucional” y que podría “desvirtuarse” por la “mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.
