Según los expertos consultados por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), las medidas aprobadas este jueves para evitar más desahucios por el impago de las hipotecas no supondrán una solución efectiva “porque el problema no son los desahucios sino las hipotecas y la banca”. A juicio de esta asociación, “lo que hay que hacer es reformar en profundidad el sistema hipotecario español y aprobar una moratoria hipotecaria inmediata y perfectamente legal, como se ha hecho en otros muchos países con crisis hipotecarias”. Además de ello ADICAE indica los motivos por los que estas medidas no atajan el problema.
En primer lugar, únicamente se aplicará a un colectivo “muy minoritario” que, además, debe de cumplir unos requisitos estrictos y complicados, cuya aceptación definitiva está en manos de los bancos.
Además de ello, en segundo término, estas medidas sólo actúan cuando la banca ya se ha apropiado de la vivienda, lo que significa que no hay paralización de los embargos, “o medida alguna que permita renegociar con garantías la deuda o denunciar las condiciones abusivas del préstamo que eviten el inicio de este procedimiento”. A su juicio, sólo trata de demorar el desalojo de la vivienda de los afectados, pero la vivienda ya es propiedad del banco.
En tercer lugar, estas medidas no evitan la aplicación del actual procedimiento ejecutivo: los consumidores en situaciones de riesgo de impago “deben afrontar un procedimiento ejecutivo ilegal, como ha advertido Europa”. Por ello, ADICAE anuncia que “denunciará esta situación por cada procedimiento ejecutivo que se inicie con la actual normativa”.
Al margen de todo esto, no se ha dado una inmediata solución a los tipos de interés de demora en el procedimiento de ejecución hipotecaria. “La referencia a una futura regulación que los limite hace prever que no se apliquen de manera retroactiva”, ello supone que el inicio de muchos procedimientos de embargo, o los ya en curso, seguirán aplicándose “unos tipos que ya se sabe que son abusivos”.
Las tasadoras no tendrán que responder, en ningún caso, por su actuación a la hora de valorar las viviendas, “lo cual significa que el Gobierno reconoce así que las tasadoras, dependientes de las entidades de crédito, han sido un factor clave a la hora de inflar el precio de la vivienda”. Por consiguiente, al enfrentarse a un procedimiento ejecutivo, el consumidor debe hacerse cargo de las consecuencias de esas tasaciones excesivas y afrontar el pago de una deuda valorada muy por encima de su precio real.
La mayoría de las situaciones descritas en el Real Decreto a las que se aplicará la moratoria en el desahucio, como discapacidad o dependencia, no mejorarán en esos dos años, “lo que supone que el que los inquilinos sigan en la vivienda quedará, exclusivamente, en manos del banco pasados esos dos años”.
