Es un trámite que se realiza en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y que cumplimentarán los secretarios de organización de CC.OO. y UGT, cumpliendo el acuerdo con la Patronal de llevar los conflictos laborales ante el SIMA, incluyendo entre ellos los que den lugar a una huelga en toda España.
En el mismo acto se presenta un ‘acta de conciliación’, para que se abra un proceso de mediación que tiene un plazo de tres días. De esta manera, si no se lograse un acuerdo con el Gobierno, algo que parece impensable, se procedería a la convocatoria formal del paro en el registro del Ministerio de Empleo, algo que podría realizarse la semana que viene.
La ley obliga a comunicar la convocatoria de huelga con cinco días naturales de antelación si se trata de empresas privadas y con diez si afecta a empresas privadas o públicas que prestan servicios a la ciudadanía. Una vez convocada de manera oficial, se entablará la negociación de los servicios mínimos, empezando por el transporte, quizá el más sensible de los sectores, y que en la anterior huelga general, del 29 de marzo, no supuso una traba demasiado importante para ambas partes: Gobierno y sindicatos.
La del 14N será la segunda huelga general que se plantea contra el Ejecutivo de Rajoy, será la primera que coincida con un paro similar en Portugal, también la primera que se convoca en medio de una campaña electoral, la de las Elecciones al Parlament de Catalunya y pasará a la historia como la primera vez que se plantean dos huelgas generales en el mismo año. Para aquell@s a l@s que le gusten las estadísticas, este es el cuarto paro general que se hace contra un gobierno del Partido Popular, tras los de 2002 y 2003, a Aznar y el pasado de marzo, a Rajoy; otros cuatro se plantearon a Felipe González (1985, 88, 1992 y 1994), dos a Zapatero (2010 y 2011) y uno tras el intento de Golpe de Estado, en 1981, este de dos horas de duración.
