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En la dación en pago no es oro todo lo que reluce: los bancos decidirán voluntariamente si la aplican

Así se puede leer este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ello supone que las entidades financieras que se acojan al código de buenas prácticas promovido por el Gobierno, que contempla la dación en pago para familias con todos sus miembros en paro, tendrán que decidir si lo aplicarán más tiempo de los dos años que exige la adhesión inicial a estas medidas.

Los bancos quedarán incluidos en este código durante al menos dos años, que se prorrogarán automáticamente por períodos anuales en caso de que las entidades no soliciten su exclusión. Para hacer tal solicitud tendrán que remitir un escrito a la Secretaría General del Tesoro y reafirmar su compromiso a las medidas impulsadas por el Gobierno para minimizar el impacto social de los desahucios.

Y esto parece que no les ha gustado mucho. Algunos ya han mostrado su malestar por el hecho de que se les obligue a ser partícipes de funciones sociales que, aseguran, les corresponden al Estado…eso sí, los directivos de las entidades financieras no han dicho una palabra sobre el hecho de que, sólo hasta 2010, hayan recibido, de una forma u otra, por parte del Estado 146.000 millones de euros, el 8,4% del PIB anual del país. Este dato fue facilitado por la Comisión Europea (CE) y abarca, no solo las adquisiciones del FROB de activos y de la entrada en el capital social de las entidadesde crédito (que ascendería a más de 18.000 millones) sino de operaciones de compra de activos (a través del Fondo de Adquisición de Activos Financieros) y de operaciones de aval.

La propia CE ha indicado en su informe sobre las ayudas públicas a la Banca desde el comienzo de la crisis, que esa cifra podría ser mucho más elevada, puesto que la Unión europea autorizó al  Gobierno español a prestar ayudas a los bancos por valor de 336.960 millones de euros…una cantidad que contrasta con la aprobada a favor de los  consumidores hipotecados, recogida en la línea ICO Moratoria Hipotecaria, para la que se fijó un límite de 6.000 millones de euros, pero que, debido a las condiciones tan restrictivas que fijaba para poder acogerse a esas ayudas, sólo se usaron 73 millones de euros, un 1,22%.

 

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