JOSÉ MANUEL PENA/ Cada vez hay más personas y familias que sufren limitaciones presupuestarias, en sus hogares, que le dificultan la supervivencia con un mínimo de dignidad. Muchas no tienen otra opción que acudir a entidades benéficas no gubernamentales para tomarse un plato de comida caliente, poder vestirse o abonar parte de su hipoteca o el arrendamiento de sus infraviviendas, ante la inoperancia de la clase política.
Casi unos cinco millones de parados y una crisis económica que no da señales de estabilizarse auguran un futuro poco esperanzador para las miles de familias de nuestro país que no llegan a fin de mes, ante el abandono de las diferentes administraciones públicas y los respectivos gobiernos que se limitan a ofrecerles una limosna de 420 euros mensuales. Mientras tanto los representantes del pueblo mantienen sus suculentas nóminas y privilegios como si fuesen ya unos derechos adquiridos, sin importarles mucho que la mayoría de la población, a la que representan, tenga esa mísera existencia.
¿Dónde está el tan cacareado Estado del Bienestar así como las garantías sociales mínimas que permita, a cualquier ciudadano, el disfrutar de los derechos y deberes fundamentales que les garantiza la propia Constitución (vivienda digna, salud, derecho al trabajo, acceso a la cultura, medio ambiente adecuado, pensiones adecuadas…)? Además “los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo”. Desgraciadamente la realidad social actual es muy diferente a lo plasmado y refrendado en nuestra Carga Magna.
