Cualquier español que llegue a la Presidencia del Gobierno, aunque esté en ella sólo hora y cuarto, tiene derecho a un sueldo vitalicio, coche oficial con chófer, despacho con secretaria y escolta, además de viajes gratuitos en los medios de transporte público, un puesto en el Consejo de Estado, lugar preferente en todas las celebraciones, actos oficiales, visitas de Estado, así como inmunidad diplomática.
Con respecto a su sueldo los ex presidentes Adolfo Suárez (1976-1981), Felipe González (1982-1996) y José María Aznar (1996-2004) cobran del erario público 80.000 € brutos al año, 2.000 € más que el actual inquilino de La Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero, y casi cuatro veces el salario medio de un trabajador español. Además de eso, dichas percepciones están exentas de la Ley de Incompatibilidades o, lo que es lo mismo, ni González, que desde hace dos semanas es consejero de Fenosa, tendrá que renunciar a los 125.000 € que le paga la compañía, ni tampoco deberá de hacerlo Aznar que, como asesor externo de Endesa, se embolsará 200.000 € anuales.
Su situación tras dejar el cargo es sólo equiparable a la de los expresidentes de los Estados Unidos, que a todas estas prerrogativas unen la de seguir recibiendo los informes de inteligencia diariamente y de por vida, y detentar, por el mismo tiempo la condición de altos representantes de su país.
En el resto de las democracias, salvo una pequeña cantidad, algún reconocimiento oficial, y una escolta permanente, los ex mandatarios tienen que buscarse la vida ya que no se les reconoce derecho a remuneración pública alguna en forma de sueldo de por vida.
