Así lo ha decretado el Juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, de la Audiencia Nacional. El magistrado ordena al narcotraficante que preste servicios sociales a personas desfavorecidas o con problemas de drogodependencia.
El juez De Castro, estima el recurso del preso contra el acuerdo de Instituciones Penitenciarias por el que se le mantenía en segundo grado de tratamiento, pese a que el Ministerio Fiscal pidió desestimar el mismo.
El tercer grado se aplica a los internos que están capacitados para vivir en semilibertad, atendiendo a su pasado criminal, su evolución en prisión, su historial familiar o el medio social al que retorne, entre otras cuestiones. Entre los factores de adaptación que el juez ha tenido en cuenta se encuentra el avanzado estado de cumplimiento de la condena, el apoyo familiar con el que cuenta, la existencia de una oferta laboral contrastada, la «ausencia de adicciones» y la «no asunción de valores marginales o delincuenciales» por parte de Oubiña.
Además, el juez ha valorado que el narco ha disfrutado de varios permisos de salida sin “ninguna incidencia negativa«, pese a haber cumplido las tres cuartas partes de la condena, y que haya asumido la responsabilidad del daño causado mostrando su arrepentimiento.
