Así lo han comunicado los abogados de los afectados por el cierre del espacio aéreo. Estos seguirán dos vías legales para hacer valer sus derechos: por un lado exigirán responsabilidad penal a los controladores, para ello se basan en los artículos 20 y 21 de la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea, que establece una pena de entre 3 y 8 años de prisión mayor.
En segundo lugar, y por vía administrativa, reclamarán una indemnización a AENA y el Ministerio de Fomento de 10.000 € por afectado, ello supone que ambos organismos se enfrentan a unos posibles pagos de 50.000.000 € dado que 5.000 personas ya han dejado el asunto en manos de la firma Cremades & Calvo-Sotelo.
