María L. García | vigoalminuto
La Alianza pola Vivenda de Vigo ha cuestionado la decisión de Abel Caballero de descartar que Vigo solicite a la Xunta la declaración como zona de mercado residencial tensionado. La plataforma considera especialmente difícil de justificar la negativa del alcalde porque el propio Concello dispone desde abril de 2025 de un estudio externo que concluye que el mercado residencial de la ciudad responde a los criterios de una zona tensionada.
Caballero descartó esta posibilidad en una entrevista emitida el pasado 4 de octubre en Radio Galicia-Cadena SER y defendió otras actuaciones municipales, fundamentalmente relacionadas con la rehabilitación y la intermediación en el alquiler.
La Alianza sostiene que esas políticas no son incompatibles con la declaración de zona tensionada y reclama que el Gobierno local active también el mecanismo de control de los alquileres. Según el estudio encargado por el propio Concello, la aplicación de esta medida permitiría reducir los alquileres entre 120 y más de 800 euros al mes, dependiendo de la zona de Vigo.
El documento municipal identifica además 17 zonas de la ciudad que cumplen los criterios analizados para la declaración.
“O control dos alugueiros non é unha variña máxica”, admite la plataforma, que considera necesario acompañarlo de inspecciones y sanciones y de un aumento del parque público de vivienda permanente. Pero defiende que constituye “un primeiro paso” para contener las subidas de los alquileres.
La Alianza pone como referencia ciudades y municipios donde ya se aplica esta herramienta, entre ellas A Coruña, Barcelona y localidades del País Vasco, y sostiene que ha contribuido a limitar los incrementos. En Vigo, recuerda, el alquiler aumentó cerca de un 10% durante 2025.
Un acuerdo del Pleno que lleva más de dos años sin ejecutarse
La plataforma también pone el foco en un acuerdo aprobado por el Pleno municipal el 25 de marzo de 2024, cuando se acordó iniciar los trámites necesarios para solicitar la declaración de Vigo como zona tensionada.
Más de dos años después, el procedimiento continúa sin ejecutarse.
La Alianza cuestiona así la utilidad de los acuerdos adoptados por el máximo órgano de representación municipal si posteriormente el Gobierno local decide no llevarlos a la práctica.
“Non entendemos de que serve aprobar acordos no máximo órgano de representación municipal se o propio Goberno local decide posteriormente non levalos a efecto”, señala.
Críticas a las alternativas de Caballero
La plataforma considera insuficientes las medidas que el alcalde presenta como alternativa. Pone como ejemplo el programa ViveVigo, anunciado en marzo con una dotación de 700.000 euros, pero cuyas bases no se publicaron hasta el 24 de septiembre, más de seis meses después.
La Alianza reclama conocer cuántas viviendas se han incorporado realmente al programa y cuántas familias se han beneficiado. Sin esos datos, sostiene, “anunciar una política pública” no puede equipararse a acreditar sus resultados.
También cuestiona las condiciones del programa estatal Casa 47, presentado en Vigo con la participación de Caballero. La plataforma considera especialmente problemática la exigencia de unos ingresos mínimos equivalentes a dos veces el IPREM, ya que puede dejar fuera a personas con pensiones o ingresos muy bajos que no alcancen ese umbral, mientras otros hogares con ingresos de varios miles de euros mensuales pueden cumplirlo.
El patrimonio municipal vendido y la vivienda pública pendiente
La Alianza recupera además una decisión de los años 2014-2017: la salida a subasta de 40 viviendas municipales de la calle República Argentina. Según la plataforma, ese patrimonio público se vendió y los ingresos no se destinaron a crear un parque municipal de alquiler ni a reforzar las políticas de emergencia habitacional.
Respecto a las ayudas económicas para situaciones de emergencia, cuestiona igualmente su capacidad para responder a la situación actual. Recuerda que requieren acreditar previamente la vulnerabilidad y que, ante la saturación de los servicios sociales municipales, la elaboración de los informes puede prolongarse durante meses.
Además, subraya que se trata de ayudas puntuales y de cuantía limitada, por lo que no garantizan una solución residencial estable.
Empresa Municipal de Vivenda
La plataforma extiende sus críticas a EMVIGO, cuya creación anunció Caballero el 27 de junio de 2025. La comisión de estudio para ponerla en funcionamiento no se aprobó hasta el 29 de septiembre de ese año y la memoria justificativa para la gestión directa del servicio no llegó inicialmente al Pleno hasta el 27 de julio de 2026.
Para la Alianza, estos plazos reflejan la distancia entre los anuncios del Gobierno local y la puesta en marcha efectiva de las medidas.
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