Carlos Díaz | vigoalminuto
Una llamada del banco, un mensaje de alerta y una supuesta operación sospechosa en la cuenta. Así comenzaba una estafa que acabó dejando a más de 130 personas sin parte de sus ahorros. Los delincuentes se hacían pasar por empleados de los departamentos de seguridad de las entidades financieras y convencían a sus víctimas de que debían actuar rápidamente para proteger su dinero. En realidad, las estaban guiando hacia una trampa.
La operación de la Policía Nacional se ha saldado con 43 detenidos en España y otras 13 personas investigadas no arrestadas. Entre los arrestos figura el de una mujer de mediana edad en Vigo: su participación se situaba en uno de los escalones inferiores de la estructura criminal. Se le imputan presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
El fraude supera los 1,14 millones de euros y los investigadores han conseguido esclarecer 134 hechos. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
El mensaje del banco era falso, pero parecía auténtico
Los estafadores buscaban principalmente a personas mayores de 65 años. Primero enviaban mensajes SMS en los que advertían de una supuesta operación fraudulenta en la cuenta bancaria. Para resolver el problema, facilitaban un teléfono o una página web a través de los que contactar con el supuesto departamento antifraude.
Muchos clientes no sospechaban nada porque los mensajes aparecían en el mismo hilo de conversaciones que las comunicaciones legítimas de su banco. Los delincuentes manipulaban los datos del remitente para suplantar la identidad de la entidad financiera y dar credibilidad al aviso.
Cuando la víctima llamaba, entraba en escena otro integrante de la red, que se hacía pasar por un trabajador del banco. Con diferentes excusas, conseguía que facilitase sus claves, autorizase transferencias o instalase aplicaciones en el teléfono. En algunos casos, los delincuentes pedían incluso compartir la pantalla del dispositivo para hacerse con el control de las operaciones bancarias.
El engaño podía ir mucho más allá de una simple transferencia. Los investigadores han descubierto que la organización utilizaba también una técnica conocida como relay attack NFC, que permite retransmitir a distancia la comunicación entre una tarjeta bancaria y un dispositivo de pago.
Para conseguirlo, los estafadores convencían a la víctima de que instalase una aplicación fraudulenta y acercase su tarjeta al teléfono móvil. El dispositivo actuaba entonces como intermediario y transmitía los datos necesarios para que los delincuentes pudiesen utilizar la tarjeta desde otro terminal o cajero, sin tenerla físicamente en sus manos.
En algunos casos, el dinero desaparecía en una sola operación. En otros, los integrantes de la red dividían las cantidades en varias transferencias, después de comprobar los límites de las cuentas. Una de las víctimas llegó a perder más de 45.000 euros.
Jóvenes y personas sin hogar para mover el dinero
La organización también había encontrado una forma de dificultar el seguimiento del dinero. Para ello recurría a las llamadas mulas bancarias: personas que ponían sus cuentas a disposición de los estafadores para recibir las cantidades sustraídas y facilitar su posterior retirada o transferencia.
Entre ellas había jóvenes captados a través de las redes sociales y personas sin hogar. Algunos integrantes de la red se encargaban de conseguir estas cuentas y supervisar los movimientos para asegurarse de que el dinero terminaba en manos de los responsables de las estafas.
Después intervenían otros colaboradores, que retiraban los fondos en cajeros, los enviaban a nuevas cuentas o los convertían en criptomonedas. De esta manera, el rastro del dinero se iba complicando a medida que pasaba de unas manos a otras.
La investigación ha permitido reconstruir una organización con funciones muy diferenciadas. Había personas encargadas de conseguir bases de datos bancarias obtenidas ilegalmente, otras que las analizaban para seleccionar a las posibles víctimas y quienes realizaban las llamadas haciéndose pasar por empleados de las entidades financieras. Por debajo de ellos operaban los captadores y gestores de las cuentas utilizadas para mover el dinero.
La estructura funcionaba mediante grupos privados de una aplicación de mensajería. Cada participante utilizaba identidades ficticias y asumía una tarea concreta. Las campañas podían prolongarse durante horas, días o incluso meses. Cuando consideraban que habían agotado las posibilidades de obtener dinero de sus víctimas, cerraban el grupo y organizaban nuevas operaciones.
Amenazaban a quienes descubrían el engaño
La presión sobre las víctimas no terminaba cuando conseguían el dinero. En algunos casos, cuando los afectados descubrían que habían sido engañados, los delincuentes pasaban a intimidarlos para evitar que denunciasen.
Les enviaban mensajes con datos personales y direcciones de sus domicilios, con los que trataban de demostrar que conocían su identidad y dónde vivían. El objetivo era atemorizarlos y disuadirlos de acudir a la Policía.
La investigación comenzó hace aproximadamente un año, después de que los agentes detectasen la actividad de estos grupos privados de mensajería. Desde entonces, la Policía ha analizado unos 400 canales y grupos, ha recopilado alrededor de 300 identidades y ha conseguido identificar plenamente a un centenar de personas.
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