Vigo | A.Buendía
La Xunta y el Concello de Vigo han vuelto a enfrentarse, esta vez por la situación de las personas sin hogar que duermen en la estación de autobuses. Ambas administraciones mantuvieron este martes una reunión para coordinar las actuaciones en el entorno de la terminal, pero el encuentro terminó con un nuevo intercambio de reproches sobre quién debe asumir la respuesta social al problema.
La Xunta anunció que instalará un cierre provisional en los soportales de la estación, un espacio de titularidad autonómica, para impedir el acceso y evitar que continúe utilizándose como lugar de pernocta. Para ello ya ha presentado la comunicación previa de la obra al Concello y ha solicitado la colaboración de los servicios sociales municipales y de la Policía Nacional durante la actuación.
El Gobierno gallego defiende que, como titular de la infraestructura, le corresponde garantizar la seguridad, mejorar las condiciones de limpieza y mantenimiento y preservar el estado del edificio. Al mismo tiempo, recordó que la atención inmediata a las personas en situación o riesgo de exclusión social corresponde a los ayuntamientos a través de los servicios sociales comunitarios, aunque aseguró que seguirá colaborando con las entidades sociales dentro de sus competencias.
El Concello rechaza la interpretación de la Xunta
La concejala de Bienestar Social, Yolanda Aguiar, respondió acusando a la Xunta de actuar con «deslealtad institucional» y de intentar trasladar al Ayuntamiento una responsabilidad que, a su juicio, no le corresponde en exclusiva.
Aguiar sostuvo que el Concello lleva meses atendiendo a estas personas mediante el Centro de Inclusión y Emergencia Social, ofreciendo alojamiento temporal, comedor, duchas, ropero y otros recursos básicos. Según explicó, muchos de los afectados presentan perfiles de alta vulnerabilidad y, en algunos casos, rechazan los recursos disponibles o incluso ser identificados.
La edil defendió que la función municipal es atender las situaciones de emergencia social, pero sostuvo que corresponde a la Xunta desarrollar políticas estables de acceso a la vivienda para las personas sin hogar.
Reproches sobre la política de vivienda
El Ayuntamiento también reprochó al Gobierno gallego que no haya desarrollado suficientemente las medidas previstas para este colectivo y le reclamó que destine parte de los fondos estatales recibidos para políticas de vivienda a programas específicos dirigidos a personas sin hogar, infravivienda, chabolismo y afectados por desahucios.
La Xunta, por su parte, insiste en que la actuación prevista en la estación busca resolver los problemas de seguridad y conservación del edificio, al tiempo que mantiene su colaboración con las entidades que trabajan con personas en situación de exclusión.
El cruce de declaraciones evidencia las diferencias entre ambas administraciones sobre cómo abordar una situación que combina un problema de uso de un espacio público con la atención social a personas especialmente vulnerables.
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