La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha desmantelado en Castellón un entramado empresarial presuntamente dedicado al fraude de prestaciones públicas mediante sociedades sin actividad real. La operación ha dejado 12 detenidos y 36 investigados, con un perjuicio económico estimado en 162.030 euros.
Esta red operaba a través de sociedades sin actividad real que simulaban contrataciones laborales para generar derechos de cotización y facilitar el acceso indebido a prestaciones del sistema público.
Empresas ficticias y administradores pantalla
La investigación detectó sociedades registradas en domicilios sin actividad económica, incluyendo viviendas particulares y espacios de coworking. Los administradores figuraban como personas sin arraigo o localización efectiva, lo que dificultaba su control.
Estas estructuras compartían un patrón común: cambios frecuentes de titularidad, ausencia de actividad verificable y uso de intermediarios que actuaban como testaferros en la gestión formal de las empresas.
Simulación de relaciones laborales
Los agentes constataron que al menos 30 trabajadores figuraban dados de alta simultáneamente en distintas empresas ubicadas en provincias no limítrofes, llegando incluso a aparecer prestando servicios el mismo día en lugares diferentes del país.
Tras cesar su supuesta actividad, varios de ellos accedieron a prestaciones del sistema público, generando un perjuicio económico de 162.030 euros. En algunos casos, los beneficiarios abandonaban posteriormente el territorio nacional mientras continuaban percibiendo ayudas.
Papel de una asesoría en la operativa
La investigación también apunta al papel de una asesoría que centralizaba la gestión administrativa del entramado, encargándose de altas y bajas en la Seguridad Social, elaboración de contratos, nóminas y documentación tributaria.
Según las pesquisas, estas gestiones se realizaban mediante certificados digitales de los administradores formales, sin su intervención directa, lo que facilitaba la operativa fraudulenta.
Asimismo, se detectaron indicios de posibles delitos fiscales vinculados a la emisión de facturas sin justificación económica clara y discrepancias entre ingresos declarados y movimientos bancarios.
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