Vigo afronta una de las mayores tensiones de acceso a la vivienda de su historia reciente. Los precios de compra siguen al alza, los alquileres se acercan los 800€ mensuales de media y miles de pisos permanecen vacíos. En ese contexto, uno de los principales programas municipales anunciados para movilizar vivienda disponible ha dejado un balance mínimo: una sola ayuda concedida y un único piso incorporado al mercado.
Una ayuda de 4.200€, única solicitada del Plan Municipal de Rehabilitación de Viviendas Vacías
Así lo reflejan los datos facilitados por el propio Gobierno local sobre el plan de rehabilitación de viviendas vacías para alquiler asequible, dotado con 150.000 euros, de los que apenas se ejecutaron 4.200 euros, el equivalente al 2,8 % del presupuesto. El resultado contrasta con la magnitud del problema: según el INE, Vigo cuenta con más de 20.000 viviendas vacías.
El programa ofrecía ayudas máximas de 8.000 euros por inmueble, una cuantía que distintos agentes del sector consideran insuficiente para afrontar rehabilitaciones en edificios antiguos o con problemas estructurales. La falta de solicitudes ha sido el síntoma más visible de un plan que nació con vocación de impacto y acabó teniendo un alcance testimonial.
Muy lejos del Plan Fogar Vivo: 239 pisos y ayudas de 18.000€, para cada uno
Sin embargo, los datos son claros y, sin olvidar que la Administración autonómica no ha edificado- ni mucho menos -los pisos que se necesitan en la ciudad -la realidad es que el resultado del Plan Municipal de Rehabilitación de Viviendas Vacías contrasta con el de Fogar Vivo, impulsado por la Xunta, que movilizó 239 viviendas con ayudas de hasta 16.000 euros por piso, agotando el presupuesto disponible. Para este 2026, la partida será de 2,6 millones.
Programa Municipal de Compra de Viviendas
A este escenario se suma el nuevo programa municipal para la compra de viviendas por parte del Concello, dotado con 2,5 millones de euros y con un precio máximo por piso de 180.000 euros. Sin embargo, el propio sector inmobiliario advierte de que en Vigo resulta prácticamente imposible encontrar viviendas en condiciones dignas por debajo de los 260.000 euros, lo que vuelve a poner en duda la viabilidad real de la medida.
Unos días la competencia es de la Xunta y otros la tiene el Concello
Y todo ello en medio del debate sobre las competencias en materia de vivienda y los mensajes contradictorios. Por un lado, el Gobierno local sostiene que la vivienda es una competencia exclusiva de la Xunta de Galicia, por otro, asegura haber impulsado o promovido 732 viviendas, una cifra que no se corresponde con proyectos en ejecución. A día de hoy, el único edificio municipal en proceso de licitación es el de 27 viviendas en Esturáns, anunciado hace casi cuatro años y que tuvo que volver a licitarse tras quedar desierto.
Al mismo tiempo, el alcalde acusa al presidente del Gobierno de Galicia de «tomar el pelo» a los vigueses, después de que, hace unos días, la conselleira Allegue informase en Vigo de otra obra de 16 pisos de protección en Navia. Abel Caballero asegura que desde 2009 la Xunta sólo ha construido en la ciudad 62 pisos -frente a una demanda de 4.000-.
Por ello, culpa a Rueda del aumento disparado del coste del alquiler –«es peor para Vigo que Feijóo» -y le pide que le ceda las competencias para poder edificar 1.000 viviendas para, acto seguido, declarar que está haciendo 227 pisos de protección, después presentar con la ministra Isabel Rodríguez 67 pisos con ‘alquiler asequible’ que pone en el mercado el Gobierno de España y, ahora informar de que el número de pisos que promueve el Concello en Vigo se eleva hasta 732 -aunque sin indicar dónde están, cuál es su precio o cómo pueden alquilarse-.
El primer problema de los vigueses
Mientras tanto, la presión sobre el mercado no se relaja. El encarecimiento del alquiler, la escasez de oferta y la lentitud de las políticas públicas convierten la vivienda en el principal problema social y económico de la ciudad, más allá de siglas o competencias administrativas. En ese contexto, el dato de una sola vivienda rehabilitada funciona como símbolo de una política que no ha logrado conectar con la realidad del mercado ni con las necesidades de la ciudadanía.
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