La citación como investigada de la concejala de Seguridad y Fiestas de Vigo, Patricia Rodríguez Calviño, en la causa judicial por el accidente mortal de la atracción Saltamontes ha provocado una reacción inmediata y contundente de los grupos de la oposición municipal. Tanto el Partido Popular como el Bloque Nacionalista Galego reclaman su cese o dimisión y señalan una grave negligencia en el control de la seguridad durante las fiestas de Matamá.
Luisa Sánchez: «extrema gravedad»
La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, calificó la decisión de la jueza instructora —que también cita como investigado al jefe del área de Seguridad del Concello, Antonio Vivero— como “de una extrema gravedad”. En su valoración, sostuvo que la imputación confirma la “manifiesta negligencia” del Gobierno municipal, al incumplir sus obligaciones de control y vigilancia sobre una atracción de feria que, según recuerda, “la Policía Local no inspeccionó ni precintó, pese a carecer de autorización municipal”.
Ante esta situación, Sánchez exige que se retire de sus cargos a Patricia Rodríguez, de forma inmediata, subrayando que una persona investigada judicialmente “no puede seguir ni un minuto más en su puesto”. La dirigente popular añadió que, al margen del recorrido judicial, existe una responsabilidad política ineludible, y reclamó al alcalde, Abel Caballero, que actúe sin demora.
En caso contrario, el PP de Vigo anunció que presentará una moción de urgencia para su debate y votación en el pleno municipal del próximo lunes 29. La misma exigencia de apartamiento se extiende al jefe del área de Seguridad.
Xabier P. Igrexas: «indicios sólidos de responsabilidade municipal»
En términos similares se expresó el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, quien afirma que la imputación de la concejala y del responsable de Seguridad “verifica a existencia de indicios sólidos de responsabilidade municipal”. El edil nacionalista recordó que la propia Fiscalía ha puesto de relieve la inexistencia de un protocolo municipal de inspecciones y la falta de una instrucción clara para ordenar el precinto de la atracción, pese a no cumplir las condiciones exigidas por la normativa.
Igrexas criticó además el “inaceptábel silencio” de la concejala, que cifra en 537 días sin dar explicaciones ante el Pleno, así como el bloqueo del Gobierno local a la creación de una Comisión Especial de Investigación, solicitada reiteradamente por el BNG. En este contexto, el grupo nacionalista considera imprescindible su cese inmediato.
El BNG anunció también la preparación de una moción de urgencia, que registrada en breve para su debate en el pleno del lunes, con el objetivo de exigir responsabilidades políticas y promover una investigación municipal en profundidad.
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