El Bloque Nacionalista Galego (BNG) denuncia importantes irregularidades en la forma en que el Concello de Vigo ha respondido a las más de 4.500 alegaciones presentadas al nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). La formación advierte de que estos incumplimientos legales pueden derivar en la nulidad del documento urbanístico y en una situación de indefensión para la ciudadanía, que recibió la comunicación una vez superado el plazo legal para recurrir por vía judicial.
El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, considera que as notificacións enviadas polo Goberno municipal son «unha verdadeira tomadura de pelo e unha aberración do punto de vista administrativo» y recuerda que han pasado casi seis meses desde la aprobación definitiva del PXOM y más de 1.400 días desde que terminó el período de información pública. Califica la demora de «inxustificada e ilegal».
Según el BNG, los vecinos recibieron un simple correo electrónico sin ningún documento oficial adjunto, sin firma de una autoridad competente —como la concejala de Urbanismo, María José Caride—, sin numeración administrativa ni identificación del órgano resolutor, solo con la firma del gerente de Urbanismo. Igrexas señala que se trata de un «mailing fake», ya que tampoco se remitió a través de la sede electrónica municipal, tal y como exige la normativa.
Falta de motivación y base legal
Respecto al contenido, el BNG denuncia que la respuesta «se limita a copiar e pegar» extractos de informes técnicos previos a la aprobación provisional, que podrían haber cambiado en la fase final. Recuerda que la ley exige resoluciones motivadas y ajustadas al documento aprobado definitivamente.
Para los nacionalistas, esto supone «un novo incumprimento legal», ya que vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo, los requisitos formales de cualquier acto administrativo y la Ley del Solo de Galicia en lo relativo a la tramitación de planeamientos urbanísticos. Añaden que existe abundante jurisprudencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y del Tribunal Supremo que exige decisiones formalmente completas cuando se resuelven alegaciones de esta naturaleza.
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Indefensión vecinal y riesgo de anulación del PXOM
Otro punto crítico es que las notificaciones se enviaron una vez expirado el plazo de recurso contencioso-administrativo, el pasado 3 de noviembre. Según Igrexas, esta práctica vulnera «o dereito fundamental á tutela xudicial efectiva», recogido en la Constitución, al impedir que los afectados puedan defender sus intereses.
Además, advierten que esta cadena de irregularidades genera inseguridad jurídica sobre el propio PXOM y «pode dar lugar á anulación ao debilitar a trazabilidade do procedemento». Por ello, el BNG anunció tres medidas: remitir un escrito al alcalde Abel Caballero alertando de los incumplimientos, exigir la comparecencia de la concejala de Urbanismo y presentar una denuncia ante la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística.
Igrexas concluye que «nunca antes un Goberno municipal se atrevera a chegar tan lonxe no incumprimento da lei en relación á política urbanística», acusando al Ejecutivo local de «xestión opaca e absolutamente antidemocrática» y de tratar «as alegacións veciñais como papel hixiénico para impoñer ás bravas un PXOM elaborado ao ditado dos poderosos intereses de sempre».
