La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, informa de que el Catastro ha confirmado «por segunda vez» que el edificio de los antiguos juzgados, en la rúa Lalín, es propiedad de la Xunta de Galicia, no del Concello.
Como informó vigoalminuto, hace meses, ambas Administraciones se disputan la propiedad del inmueble. Precisamente, en base al convencimiento de que es suyo, el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, denegó la licencia de obra que había aprobado semanas antes, para que la Xunta construyese en el edificio, ya abandonado, el ‘Centro de Asociacionismo’ de la ciudad.
Semanas más tarde, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, exigió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que el gobierno gallego le devolviese el antiguo juzgado a la ciudad, sin embargo, el conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, durante una visita a Vigo y en respuesta a preguntas de los periodistas, aseguró que el edificio y la parcela estaban a nombre de la Xunta y esgrimió como prueba de ello que en 2024 se pagaron 41.240€ al Ayuntamiento en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Calvo añadió que el Estado transfirió el edificio de los Juzgados de la rúa Lalín en propiedad y sin vinculación de destino y que el Real Decreto 2166/1994, del 4 de noviembre estableceque el Estado es el dueño del mismo.
El Catastro
A esta situación, añadió el conselleiro, se añadía el hecho de que se dio de alta en el Inventario Xeral de Bens e Dereitos da Comunidade Autónoma de Galicia, sin que hubiese impedimiento alguno y, por ello, paso a figurar en el Catastro a nombre de la Xunta de Galicia, abonándose el recibo correspondiente el Concello de Vigo.
A finales de abril, el concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, informaba de que la oficina catastral se había inhibido de la disputa por la titularidad del edificio entre Concello y Xunta e insistía en que la ciudad tenía la titularidad del inmueble, como figura en el Registro de la Propiedad, de ahí que la Xunta no pudiese inscribir la propiedad, «el Registro lo denegó porque no había título habilitante para ello».
Ahora, insiste la delegada de la Xunta, el Catastro le da la razón a la administración autonómica…sin embargo eso no es exactamente así: lo que hace la oficina catastral es denegar el recurso de reposición, interpuesto por el concejal de Hacienda contra la decisión de este organismo en la que no dirimía la cuestión, entendiendo que excedía su competencia. Eso sí, reconocía que a la Xunta como «actual titular catastral del inmueble»… pero la última palabra sobre la titularidad de los antiguos juzgados de la rúa Lalín la tendrá la justicia.
Y así lo reconoce la propia delegada, «esperamos que la Justicia, también, a través de la reclamación que ya hicimos el pasado mes de julio confirme que la anulación de la licencia municipal fue un acto de mala fe por parte del alcalde».
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20 millones de inversión y una indemnización de 600.000€
Ana Ortiz recalca que la Xunta tenía previsto era invertir casi 20 millones de euros en la nueva sede de Asociacionismo y recuerda que la paralización de las obras del mismo supuso que hubise que indemnizar con 600.000€ a las empresas constructoras.
«Lamento mucho que decisiones tomadas de mala fe provoquen daños irreparables a las arcas públicas como son indemnizaciones a las empresas que estaban a punto de comenzar la construcción de una dotación en beneficio de toda la sociedad viguesa», concluye Ortiz.
