La Xunta vuelve al paso uno: el recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Cajas gallega lesiona las competencias de la comunidad y causa un «perjuicio evidente a cualquier estrategia encaminada a la reorganización del mapa financiero». Por eso, a pedido al Tribunal Constitucional que levante la suspensión cautelar de los 10 preceptos recurridos por el Estado.
La Xunta ha realizado la petición amparándose en la constitucionalidad de la ley y acompañándola con el documento de alegaciones al recurso presentado por el Gobierno central elaborado por el gabinete jurídico de la Xunta y firmado por Pilar Rojo, presidenta del Paarlamento gallego.
